Las patronales redoblan la presión a Puigdemont para diluir el recorte de jornada

La peregrinación de empresarios en vuelos hacia Bélgica, donde se encuentra Puigdemont desde que huyera tras el referéndum del 1 de octubre de 2017, ya se ha materializado con la visita de Jaume Roura, presidente de la Unión Patronal Metalúrgica (UPM) y de la Patronal Catalana de la Distribución de Automoción (Fecavem); así como de Joan Guillén, del Consell de Gremis. La presencia de ambas figuras no es baladí habida cuenta de la relevancia que tiene el sector de los coches o el de comercio y turismo en la economía catalana. Porque, por ejemplo, de grandes factorías de producción, como la de SEAT, dependen miles de pequeños negocios y empleos vinculados a esa fábrica de Barcelona.

Los empresarios aspiran a realizar otras visitas y tener contacto con el expresidente de la Generalitat, según apuntan fuentes corporativas a ABC. De Puigdemont depende el futuro de la ley que reduce la jornada de 40 a 37,5 horas y el éxito de una medida pactada entre Yolanda Díaz y los sindicatos sin el consenso de la patronal. El trámite parlamentario se configura como el más relevante para incluir enmiendas que suavicen la norma.

Así se lo están haciendo constar otros muchos empresarios, que no van a Waterloo, pero sí tienen interlocución cada vez más intensa con los responsables de Junts en Barcelona. Hasta 15 grandes patronales ya han desarrollado conversaciones con los independentistas para exponerles su «preocupación» –apuntan– por el impacto de esta medida y les han trasladado su «disconformidad» con la reducción de la jornada laboral. Entre las más conocidas se encuentra AECOC (Asociación de Empresas de Gran Consumo), Confecat (Hostelería y Restauración), Fecic (Industria cárnica) o Fedequim (Química), según ha podido saber ABC. En este nutrido grupo se encuentran otras muchas asociaciones de sectores como el del comercio, los concesionarios, los cámpings, las artes gráficas, las agrícolas, el textil, los transportes, los hospitales privados y hasta asociaciones deportivas.

De todas las dudas que genera el proyecto de Díaz, una de las más importantes se centra cambiar los términos del registro horario que la incluye la ley y que obliga a todos los negocios a que sea digital. Eso significa que hay que contar con algún tipo de aplicación que posibilite el registro de las entradas y salidas y el almacenamiento de esos datos. Trabajo quiere dar a la Inspección la posibilidad de consultar esos datos en directo de forma telemática. Y si detectan irregularidades, las sanciones alcanzan hasta 10.000 euros.

La otra exigencia que las patronales catalanas están poniendo encima de la mesa de Junts pasa por una flexibilización de los plazos para que las pymes puedan aplicar la reducción de horarios legales de forma menos estricta. Es la misma advertencia que realizan la CEOE y Cepyme. La ley determina que el 31 de diciembre de este año todos los negocios deben haber adaptado sus jornadas laborales a esa media hora menos al día. En toda España supone un cambio para unos 12 millones de trabajadores, cuyas condiciones o convenios se encuentran en las 40 horas semanales. El propio Ministerio de Trabajo admitía en su memora normativa que los sectores que más tendrán que reconvertirse serán los de agricultura, comercio y hostelería, y en general las micropymes.

En el departamento que dirige Yolanda Díaz no quieren oír hablar de líneas rojas que no se puedan traspasar. Apuntan que no se encuentran en esa fase. Pero fuentes gubernamentales reconocen que el texto, tal y como está configurado, tiene pocas posibilidades de salir adelante con el aval de un Congreso tan fragmentado y una mayoría de Gobierno debilitada tras episodios como el del decreto ómnibus.

Las dudas del Ejecutivo se dirimen en saber si Junts optará por incluir enmiendas, con las exigencias que les está planteando la patronal catalana; o si optará por esperar al último minuto y pedir una medida ajena a la propia jornada laboral y vinculada al momento político.

Mientras tanto, el Ministerio de Economía va posicionándose de cara a la negociación parlamentaria, después de la tensión que se vivió entre su titular, Carlos Cuerpo, y la ministra de Trabajo durante todo el mes de enero. En esos episodios de fricción, aderezados con hasta dos reuniones entre ambos para acordar cómo tramitar la norma, Cuerpo accedió a que la ley pasara por el Consejo de Ministros sin cambios, como la había pactado Díaz con UGT y CC.OO. A partir de ahí, el departamento de Economía y Empresa participará en los cambios, pendiente de «acompañar» a las pymes en la transición, como el propio Cuerpo viene insistiendo en las últimas semanas.