Patronales y sindicatos podrán recibir de forma directa las retribuciones por controlar el fondo público de pensiones

Así, Seguridad Social ha aprobado finalmente la revisión de la orden ministerial del 2 de noviembre de 2023 que establecía el procedimiento de determinación de la remuneración de los miembros de la Comisión de Control Especial compuesta por trece personas -cinco nombradas a propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, cuatro a propuesta por las organizaciones sindicales con más representación, UGT y CC.OO. y otros cuatro a propuesta de las organizaciones empresariales más representativas, CEOE y Cepyme- a través de un real decreto estará en vigor desde el día 24 de octubre. Y en el que entre otras puntualizaciones, modifica la redacción del artículo 3 para que las remuneraciones establecidas no sean de carácter nominativo.

«En el caso de que se trate de un miembro propuesto por una organización sindical o empresarial más representativa, esta podrá percibir directamente las remuneraciones en vez de percibirlas el propio miembro», señala el nuevo redactado. En el que además se aclara que la organización sindical o empresarial más representativa deberá comunicar previamente a la Comisión Promotora y de Seguimiento esta decisión, acompañando un acuerdo firmado por ambas partes, en el que se ponga de manifiesto los términos y condiciones en que la remuneración la percibirá la organización sindical o empresarial correspondiente.

Eso sí, el texto aclara sobre el funcionamiento de la Comisión de Control que la remuneraciones de los miembros irán con cargo al patrimonio bajo gestión del fondo público, siempre y cuando este supere los 1.000 millones de euros. «Los miembros solo tendrán derecho a la remuneración vinculada a la asistencia a las reuniones, a partir del momento en que el patrimonio conjunto de dichos fondos alcance el importe de mil millones de euros y mientras se mantenga dicho importe», señala.

Este aspecto es sobre el que el Gobierno ha desoído las reivindicaciones de las organizaciones empresariales y sindicales, que reclamaban que la Seguridad Social consignase una partida presupuestaria específica para cubrir las remuneraciones de forma que no se cargaran sobre los ahorros depositados en los planes de pensiones de empleo simplificados que puedan entrar en el fondo público -de entre los 15 planes que ya han articulado las cinco gestoras privadas que comercializarán los productos de ahorro (VidaCaixa, BBVA, Caser, Santander e Ibercaja), los cuales ya cuentan con los ficheros de condiciones presentados-.

Señalan las fuentes cercanas a la Comisión de Control que esta carga de las retribuciones sobre el patrimonio gestionado supone un desincentivo más para que las empresas decidan articular planes de empleo con destino al fondo público de pensiones. De hecho, los planes de empleo simplificados que flexibilizan la adhesión de las empresas y autónomos a estos productos de ahorro sí han tenido una buena acogida en el mercado, pero siendo incorporados en fondos de puramente privados.

Con todo, tras la primeras reuniones de los trece miembros de la Comisión a finales de 2023, cuando se había dado de forma oficial el pistoletazo de salida al artefacto de ahorro complementario gestado en la reforma de pensiones de Escrivá, estas se paralizaron por las reclamaciones de los representantes del dialogo social de revisar esa orden que regía el régimen de retribuciones. Con esta modificación, fuentes de Seguridad Social aseguran que se dan las condiciones para que comiencen las reuniones periódicas que en última instancia comenzaría a dar entrada a los planes de empleo en el fondo público. Si bien, tal y como reconocían fuentes de las entidades gestoras consultadas por ABC, aún no hay constancia de candidatos para su incorporar planes de ahorro.