Oughourlian pone precio a Prisa en una posible opa: llegar a algo más de 800 millones, casi duplicar su valoración actual
La operación supone valorar a la compañía en casi el doble de su cotización actual, hoy en los 0,36 euros por acción
Oughourlian mantendrá a los accionistas afines al Gobierno en el consejo de Prisa pero cierra la puerta a Contreras

Aquel que quiera y pueda desembolsar algo más de 800 millones de euros, podrá optar a quedarse con Prisa en una hipotética opa. Así lo estima el propio presidente del grupo de medios, Joseph Oughourlian, que, según ha podido saber ABC de fuentes ... de su entorno, «no dejará jamás tirados ni a sus socios ni a los acreedores que han confiado en él», en consecuencia, «quien quiera comprar tendrá que lanzar una opa por la totalidad de la compañía, y al menos por un valor equivalente a la deuda neta, de unos 815 millones de euros, y con prima por tomar el control».
Y es que tras garantizarse el control de la mayoría de los accionistas de Prisa de cara a la próxima junta adelantada al 14 de mayo –tal y como avanzó este periódico–, Oughourlian no descartaría venderla justo después al mejor postor, siempre y cuando fuera por su totalidad, a través de una opa, y no por partes como querrían algunos inversores, entre ellos los propios accionistas españoles, que ya pusieron sobre la mesa su oferta por su diario, 'El País', y por la emisora de radio, 'Cadena Ser'.
Los accionistas afines a La Moncloa ya ofrecieron en su día una oferta que mantienen: unos 400 millones de euros, pero solo por su diario y por su emisora de radio, valoración que es aproximadamente la capitalización actual de la compañía, con un precio de 0,36 euros el título al cierre de la sesión de ayer. Una oferta lejos de la que estaría dispuesto a aceptar el inversor francés, que estaría más cerca del doble de esa cantidad, en el entorno de los 0,70 euros la acción.
El plan de los 'rebeldes' implicaría entonces, utilizar ese capital para cancelar parte de la deuda de la compañía, de alrededor de 800 millones de euros, y que el resto del montante se cubriera con la venta posterior de Santillana. Precisamente, la venta de la editorial, la joya de la corona del grupo– fue uno de los detonantes que hizo estallar definitivamente la guerra entre el presidente del grupo con los accionistas españoles.
Como avanzó ABC, para Oughourlian malvender Santillana –considerado por la propia cúpula como el único activo con peso real y específico en la compañía–, para invertir después en la nueva televisión digital impulsada por el Gobierno, hubiese significado el fin del propio grupo de medios. De hecho, las fuentes dijeron en su momento que el presidente llegó a decir que «malvender Santillana, es una idea pésima que arruinaría a la compañía, el título se iría a cero inmediatamente después de realizar la operación y la deuda se dispararía más aún si cabe».
Ahora bien, las fuentes aseguran que la prioridad del presidente de Prisa y de 'El País' pasa por seguir liderando la gestión del grupo, mantener su salud financiera y convertirlo en el medio líder garante de los valores progesistas de este país, despolitizándolo, siendo ajeno a las presiones del Gobierno de Pedro Sánchez.
Vivendi y la paz accionarial
Mientras, de cara a la junta en la que el presidente de Prisa pretende lograr el respaldo a su gestión y sus planes de futuro más inmediatos para todo el grupo, según fuentes conocedoras de las relaciones entre Oughourlian y el resto del capital social de la compañía, la paz accionarial entre el dueño de Amber –fondo mediante el cual el presidente ostenta casi el 30%– y los accionistas españoles –liderados por el Grupo Alconaba, la firma del exGlobomedia, Andrés Varela Entrecanales, con menos del 7% de las acciones tras la ampliación acelerada que diluyó su participación–, llegó gracias a la mediación de la empresa gala Vivendi –con alrededor del 11%–. Mientras la familia Polanco ostenta ya menos también del 7,6% que tenía antes de la amplicación.
Las fuentes explican que el grupo francés pidió a ambas partes la necesidad de llegar a un pacto de no agresión -de hecho, Global Alconaba ha llevado la ampliación y sus medidas ante los tribunales- para que la compañía no sufriera más en Bolsa, que su situación financiera no se deteriorase más y, además, que la reputación corporativa de la compañía quedase seriamente tocada ante inversores y competidores.
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