El órgano de competencia de la Generalitat entra en la guerra contra la 'tasa Amazon' de Colau y la recurre en los tribunales

La Generalitat ha irrumpido en el conflicto empresarial que se ha desencadenado en Barcelona por la aprobación en el pleno municipal presidido por Ada Colau de la tasa por aprovechamiento especial del dominio público derivado de la distribución a destinos finales indicados por los consumidores de bienes adquiridos por comercio electrónico, más conocida como 'tasa Amazon'.

Según ha podido saber ABC, la Autoridad Catalana de Competencia (ACCO) ha recurrido ante la sección primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la norma aprobada por el Ayuntamiento de Barcelona. Desde la Autoridad de la Competencia confirman a este diario la presentación del recurso, si bien aún no se ha presentado la demanda. «Aún estamos trabajando en el escrito correspondiente», añaden.

El citado recurso se suma a los presentados tanto por la patronal UNO, que aglutina a las principales empresas de distribución logística, como por Asempre, la patronal de los operadores postales privados. Ambas apuntan al posible carácter discriminatorio de la tasa al restringir su pago a la distribución de paquetes a domicilio, eximiendo el reparto de otro tipo de mercancías como alimentos o medicinas; al eximir a Correos de su pago, al menos en los servicios incluidos en el servicio postal universal, que incluye tanto cartas como paquetes de pequeño tamaño; y al plantear la exención del pago del impuesto de los envíos distribuidos desde un punto incluido en el registro oficial municipal de puntos de recogida o desde los llamados CDUM (Centro de Distribución Urbana de Mercancías) respecto al resto de potenciales puntos de recogida, lo que se entendía que podría ser contrario al artículo 14 de la Constitución.

No es el único indicio de ilegalidad que denuncian. Entienden que la tasa, que Podemos aspira a generalizar por toda España, incurre en un supuesto de doble imposición, al hacer pagar a los repartidores de última milla dos veces por el uso del espacio público, tiene una tarifa mal calculada; y resulta discriminatoria para los ciudadanos de Barcelona, a los que condena a pagar más por un servicio que vecinos de otros municipios podrán recibir a un menor coste.

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Antes de que el TSJC dé respuesta a la demanda de la patronal UNO, el mismo tribunal desestimó la petición de suspensión cautelar que reclamaba la citada asociación. En un auto del pasado mes de marzo, el tribunal consideró que no había urgencia para suspender la tasa y recordaba que la primera recaudación no se liquidará hasta el 31 de julio. El tribunal mantiene la tasa en vigor mientras estudia el «fondo del asunto», y remarcó que las cuestiones que se plantean requieren un adecuado debate y análisis, en sus palabras.

La 'tasa Amazon' fue aprobada en el pleno municipal por los grupos de los comunes, PSC, ERC, Junts y Ciudadanos, convirtiendo Barcelona en la primera ciudad española en aplicar un gravamen de estas características. Desde el Ayuntamiento se justifica que con las restricciones de movimiento con motivo del Covid-19, «el comercio electrónico ha ganado peso en la ciudad de Barcelona y esto ha comportado que grandes empresas de comercio electrónico estén haciendo gratuitamente un uso especial del dominio público», un espacio, se apunta, que es «un bien escaso que necesita ser gravado».

En declaraciones a ABC, fuentes municipales mostraron su tranquilidad ante los recursos presentados, y recuerdan que la citada tasa fue aprobada por una amplia mayoría del Pleno y con el informe favorable del Consejo Tributario, el órgano de asesoramiento y control del consistorio.

La tasa se aplicará a aquellos operadores postales con ingresos brutos procedentes de la facturación anual superiores a un millón de euros, obtenidos por entregas en los destinos finales indicados por los consumidores de Barcelona. Amazon, DHL, SEUR o UPS se verían afectadas. La cuantía de la tasa se fija en función de un porcentaje sobre los ingresos brutos facturados por la empresa, descontadas las operaciones excluidas de tributación. El importe a satisfacer por el conjunto de operadoras no podrá superar un límite fijado en 2,6 millones de euros, según se recoge en el reglamento de la norma.