Ofensiva del PP para relanzar los viajes del Imserso a precios asequibles pero cubriendo los costes de las empresas

El documento del PP insta al Gobierno a la adopción de siete medidas que deberán contribuir a la dinamización de la actividad económica y desestacionalización de la demanda turística en multitud de zonas repartidas por toda la geografía española durante los periodos de inferior ocupación o temporada baja, garantizando la capacidad de mantenimiento de plantilla y la no destrucción de puestos de trabajo en nuestros destinos turísticos.

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La primera de las medidas planteadas por el PP va en línea con el objetivo de garantizar «la introducción de un nuevo marco global de actualización y mejora en las condiciones de contratación de las convocatorias de las próximas temporadas de los programas de Turismo Social para personas mayores y mantenimiento en zonas turísticas, así como de Termalismo del Imserso, que posibilite entre otras, la aplicación de precios razonables con valores de mercado, cubriendo inexcusablemente los costos reales de producción de los servicios a prestar, considerando el significativo encarecimiento generalizado de los costes laborales, de alimentos y bebidas, sobrecostes energéticos, etc, experimentado a lo largo de los últimos años».

Y es que para el grupo popular, los programas de Turismo Social del Imserso han constituido a lo largo de los años durante varias décadas, una política pública de enorme valor social, económica y cultural, que hoy ya no es tal. Creado en 1985, el programa de Turismo Social venía implicando a más de 300 establecimientos hoteleros de España, la red de agencias de viaje españolas minoristas, el amplio sector de los restaurantes y cafeterías, empresas de transporte, locales de ocio nocturno y resto de la oferta turística complementaria. Todo ello ello desembocaba en la creación de 100.000 empleos, con un volumen de facturación directa e indirecta de alrededor de 600 millones de euros cada temporada.

Mientras, el programa de Termalismo, en el que participan más de 80 balnearios -en la temporada 2025- genera alrededor de 10.000 puestos de trabajo, con difícil absorción por parte de otros ámbitos productivos, sin perder de vista el carácter tractor del mismo para otros sectores como la hostelería, el comercio de proximidad u otros servicios complementarios. En su conjunto, se trata de un programa con un impacto económico muy superior en cada edición a los 110 millones de euros y donde diversos estudios calculan que por cada euro que el Estado invierte recupera alrededor de 2,5 euros.

Por ello, en la PNL del grupo parlamentario popular pide al Gobierno «ampliar el alcance y la oferta del número de plazas y pernoctaciones a generar tras la reducción prevista en el número de plazas en la presente temporada, descartando en todo caso a futuro la aplicación de suplementos o recargos abusivos e injustificados a los pensionistas, tal como ocurre en la presente temporada».

La batería de medidas propuesta por los populares también reclama que el programa cumpla de manera «efectiva» los calendarios y plazos de ejecución mediante una «planificación adecuada y eficiente» que evite «perjuicios operativos y pérdida de facturación» por causa de retrasos o demoras «recurrentes en la gestión de los programas». A ojos de los populares, también sería conveniente «enriquecer la programación de la oferta y experiencias» abogando por desconcentrarlo territorialmente y por diversificar los productos para que sean más competitivos en calidad y se adapten «a los gustos y preferencias específicas de esta franja de la población». Como quinta medida, también resalta la fijación «con absoluta transparencia» el acceso a los programas, de forma que se favorezca «una rotación más equitativa y justa en el disfrute de estos recursos».

Por su parte, la sexta de las medidas incluida en la PNL va dirigida a los beneficiarios del programa que viven en islas no capitalinas. Para ellos se propone que el programa se haga cargo de los costes de traslados, «al objeto de atender el diferencial económico, evitando desigualdad de oportunidades o agravios por razón del lugar de residencia». En paralelo a ello el PP propone incentivar la programación desde estas islas donde ya exista oferta de vuelos y conectividad con la península, «contribuyendo tanto a la reducción de gastos, como a razones de mayor operatividad y comodidad para los casos de personas mayores residentes en islas no capitalinas».

Por último, el PP insiste en que se debería «abordar y negociar con la debida antelación y de manera constructiva» con todos los agentes que trabajan directa o indirectamente con el programa (hoteles, balnearios, empresas de transporte, agencias de viajes...) «cualquier aspecto susceptible de revisión o actualización de los mismos», en un momento en el que numerosas empresas reclaman una reconstrucción a fondo del programa.