Ofensiva jurídica de CEOE para frenar a la patronal que arropó Begoña Gómez

Primero denunciaron a la vicepresidenta ante la OIT, que puso en vigilancia al Gobierno por saltarse sus convenios y no garantizar el diálogo tripartido y las «consultas efectivas». Y ahora la estrategia empresarial está en la vía judicial, donde buscan desactivar las maniobras del Ejecutivo, especialmente de Díaz, para dar entrada a Conpymes, la patronal amiga, en el diálogo social.

Desde hace meses CEOE prepara una estrategia judicial con el asesoramiento de expertos laboralistas de primer nivel para desbaratar la hoja de ruta que sigue el Ejecutivo con Conpymes. El aval de Yolanda Díaz y Begoña Gómez a la creación de esta patronal en 2021, la convertiría en una pieza clave en la 'vendetta' contra los empresarios. La foto en el acto inaugural sería sólo el principio de un goteo de respaldos públicos a una organización que tiene a sus dos principales patas, Pimec y Uatae, investigadas por la Justicia por fraude en las subvenciones públicas y delito de falsedad documental.

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Como una lluvia fina, y a golpe de decreto, la patronal que busca rivalizar con CEOE ha ido entrado en organismos del Estado, algunos sin casi actividad, como el Consejo Nacional de la Pyme, otros como el Consejo Económico y Social (CES), muy activos con sus dictámenes. En febrero el Ministerio de Trabajo abría las puertas a la independentista catalana Pimec en la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, en la que hasta la fecha las empresas sólo estaban representadas por CEOE y Cepyme. Después, el Gobierno les hacía hueco en el CES y, posteriormente, y por decreto, se modificaba la regulación del Consejo Estatal de la Pyme rompiendo con ello el monopolio de CEOE y Cepyme, en una operación con la que también se colaba en el Observatorio Estatal de la Morosidad Privada a la patronal que dirige José María Torres.

El Ejecutivo abría así las puertas de la representación institucional a Conpymes y a Pimec, y despejaba también así su objetivo de abrir el melón de la representatividad y de sentarse en las mesas donde se negocian las reformas laborales y los convenios colectivos. Detrás de muchos de estos pasos, casi todos, estarían las presiones de Junts para colocar a sus afines en negociaciones clave.

Todos estos movimientos para debilitar a CEOE han empezado a dirimirse en la vía contencioso administrativa, donde los abogados de la patronal están argumentando defectos de forma en los decretos del Gobierno, que llegan a contradecir el Estatuto de los Trabajadores y las reglas de la participación institucional. Los primeros días de este mes están marcados en rojo en el calendario de los abogados para presentar sendos recursos de reposición contra la incorporación de Pimec a la Comisión Consultiva de Convenios y en el Consejo Estatal de la Pyme. Contra la modificación del reglamento de funcionamiento del CES para dar entrada a Pimec no cabe recurso al tratarse de una ley que sólo puede modificarse en el Parlamento, aunque es el cambio el que más preocupa a los empresarios, dado que altera la legitimidad de la representatividad plasmada en la Constitución.

El aumento de la presencia de la patronal amadrinada por la mujer de Pedro Sánchez en las instituciones públicas se ha ido produciendo en paralelo al aumento de la tensión en las mesas donde se negocia la reducción de jornada a 37,5 horas, objetivo que la vicepresidenta va a tener complicado cumplir por el rechazo de la patronal a una imposición por ley, por entender que es materia exclusiva de la negociación colectiva. Un acuerdo a tres bandas en el diálogo social es casi siempre la llave que garantiza el éxito de una reforma cuando pasa por el Parlamento, donde Díaz no tiene los apoyos para que prospere la rebaja.

Como ya informó ABC, Junts es reticente al recorte horario sin rebaja de sueldo y sus votos pueden ser determinantes para que la medida prospere. De nada han servido las presiones de Díaz tanto a Fomento como a Pimec para hacer cambiar de opinión al partido de Carles Puigdemont, lo que complica los deseos del Gobierno. No sería el primer caso en que la debilidad parlamentaria del Ejecutivo de coalición ha frustrado algunas iniciativas que ha llevado al Parlamento, donde se ha llegado a bloquear, en cierta manera, su agenda legislativa. Ocurrió el pasado enero cuando Unidas Podemos tumbó en el Parlamento la reforma del desempleo.

El respaldo del PNV tampoco está claro, si bien la vicepresidenta cree que no habrá problemas con los nacionalistas vascos después de ceder a una de sus peticiones históricas: la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los de ámbito nacional. El partido de Andoni Ortuzar se ha limitado a decir que la rebaja de la semana laboral no tendría gran repercusión en el País Vasco porque la mayoría de los convenios tienen 37,5 horas. El PP sería también reticente a una rebaja horaria que sería una estocada para los negocios, en especial los pequeños.