La ofensiva de Hacienda contra las fugas ficticias de contribuyentes a otros países detecta 97 casos y apenas aflora 28 millones

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Los datos de balance de la lucha contra el fraude fiscal difundidos este martes desde el Ministerio de Hacienda arrojan, sin embargo, un saldo bien limitado sobre el impacto real de estas prácticas en la potenciales pérdidas de recaudación de las arcas públicas. Según la información proporcionada por el Ministerio, a lo largo de 2022 la Inspección de Hacienda sancionó a 97 contribuyentes que presuntamente (tienen la posibilidad de recurrir estas actuaciones) habrían establecido su residencia de manera irregular en otros países, a los que se les pasó una factura de 28,2 millones de euros. La Agencia Tributaria rastreó un total de 252 operaciones sospechosas, algunas de las cuales continúan en curso aunque no hayan derivado en una sanción, según aclaran fuentes de la Agencia Tributaria.

El impacto de las deslocalizaciones ficticias, que tanto revuelo social generó con la salida de youtubers en dirección a Andorra y que Hacienda ha decidido situar como objetivo prioritario de los planes de control del fraude fiscal en los últimos años, es sin embargo marginal a la luz de la información proporcionada por la Agencia Tributaria, tanto en el monto total del fraude fiscal imputado a grandes patrimonios, que en 2022 ascendió a 546 millones de euros, como sobre todo en las cifras totales de la lucha contra el fraude, que el año pasado ascendieron a 16.675 millones de euros y en las que lo aflorado por residencias simuladas de contribuyentes no supone más que el 0,1% del total.

Esa cifra global no solo incluye las cantidades afloradas por actuaciones específicas de lucha contra el fraude, sino también regularizaciones por errores en las declaraciones tributarias o minoraciones en las devoluciones que Hacienda tiene que practicar a los contribuyentes por discrepancias en los datos fiscales o en determinadas situaciones. La cuantía aflorada por las 39.300 actuaciones específicas de lucha contra el fraude desarrolladas a lo largo de 2022 se incrementó más de un 16% hasta los 10.536 millones de euros.

Las actuaciones de control realizadas sobre grandes multinacionales con presencia en España permitieron sacar a la luz bases imponible por valor de 3.409 millones de euros que en otro caso no habrían sido sometidas a imposición. La lucha contra la economía sumergida permitió aflorar ventas ocultas que han dado lugar a la reclamación de cuotas de impuestos por 435 millones de euros, un 8,8% más que en 2021. También se giraron multas y sanciones por 122 millones de euros en las auditorías informáticas realizadas por los servicios de la Agencia Tributaria.

Pese a que las regularizaciones de impuestos y las sanciones continúan constituyendo la parte más importante de los ingresos por la lucha contra el fraude, la Agencia Tributaria está embarcada en una estrategia para que las regularizaciones voluntarias tengan cada vez mayor peso en la regularización de cuotas, con la meta de caminar hacia una Administración Tributaria menos punitiva y más colaborativa. El camino es lento. En 2022 la Agencia Tributaria estimó en 813 millones de euros los ingresos obtenidos por regularizaciones voluntarias, sin requerimiento previo de la administración, cerca de un 8% más.

La Agencia Tributaria edifica esta estrategia a partir del envío de cartas a grupos de contribuyentes o a sectores determinados, en las que se informa de la existencia de prácticas irregulares o de datos fiscales mal transmitidos que podrían dar lugar a actuaciones posteriores por parte de los departamentos de Gestión o Inspección de la Agencia. Hacienda se muestra particularmente orgullosa de los resultados obtenidos en ámbitos como el inmobiliario y, en concreto, en el de los alquileres turísticos, cuyas rentas no se declaraban con cierta asiduidad hace unos años y que estas actuaciones de la Agencia han permitido aflorar. Según la información proporcionada este martes, Hacienda estima que las cartas remitidas y los avisos incluidos en el programa Renta Web para los contribuyentes sobre los que se tenía información que indicaba que tenían rentas inmobiliarias por alquileres turísticos han conseguido que haya 1.182.000 declaraciones más en las que se declaren este tipo de rentas, por un monto total de 7.700 millones de euros y con un impacto en la recaudación fiscal de 933 millones de euros.