La OCDE pide modular el alza del salario mínimo para no desbocar la inflación

Hay que recordar la mayoría de los países desarrollados aplican estas subidas del salario mínimo a comienzos de año. Y teniendo en cuenta el escenario persistente de incremento de precios de consumo, el organismo pide que se valores si estas revalorizaciones pueden tener algún efecto de segunda ronda.

Según el informe que recientemente elaboró Sara de la Rica, directora de Iseak, sobre el caso español, concluyó que la subida hasta 900 euros que aplicó el Gobierno en 2019 se llevó por delante cerca de 28.800 puestos de trabajo. «Se aprecia de manera clara que la mayor parte del impacto se debe a la pérdida de empleo, mientras el ajuste en intensidad laboral (horas trabajadas) es más limitado», apuntaba este informe. Es decir, ante la subida, las empresas optan antes por el despido que por el ajuste de horas.

En este sentido, la OCDE ha recomendado valorar «con cuidado» los efectos sociales y económicos de subir los salarios mínimos y consultar con los agentes sociales y otras partes interesadas sobre la posibilidad de que algunos efectos se amplifiquen.

Eso sí, tanto el estudio de la OCDE como el de De la Rica observan un fuerte potencial redistributivo de esta política salarial y aseguran que sirve para proteger a las rentas más bajas ante el fuerte repunte de precios. «Con la inflación alcanzando niveles no vistos en las últimas cuatro décadas en la mayoría de países de la OCDE y afectando desproporcionadamente a los hogares de más bajos ingresos y vulnerables, los salarios mínimos podrían volverse una herramienta aún más importante para proteger el nivel de vida de los trabajadores con salarios bajos, al tiempo que se mantienen las finanzas públicas y la inflación bajo control», explica el organismo.

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Por otro lado, el 'think tank' de los países desarrollados también cita un estudio académico en el que se indica que la contribución de los salarios mínimos al crecimiento salarial general es «limitada», por lo que las subidas no tienen apenas impacto en la inflación.

Por ejemplo, señalan que en el mercado laboral de Reino Unido, donde el 5% de los trabajadores cobra el salario mínimo (porcentaje similar a España según los datos de la OCDE), una subida del 20% provocaría únicamente un incremento en la inflación de 0,2 puntos porcentuales.

Asimismo, la OCDE considera que los argumentos para subir salarios mínimos donde son demasiado bajos o implantarlos donde no existen ganan fuerza a la luz de que cada vez hay mas evidencia de situaciones de monopsonio. Este término, que está empezando a usar la OCDE desde hace unos meses, describe la situación en la que las empresas tienen un poder «unilateral» a la hora de fijar sueldos y lo usan para deprimir los salarios y el empleo a niveles por debajo de los que existirían en un mercado competitivo.

En este sentido, la OCDE ha citado un «creciente consenso» entre legisladores y académicos de que, en los niveles actuales de la mayoría de países de la OCDE, los incrementos en los salarios mínimos, incluso aunque sean considerables, tienen efectos positivos en las rentas bajas y efectos nulos o limitadamente negativos en el empleo.

En este contexto, el Gobierno convocará en los próximos días a empresarios y sindicatos para abordar la actualización de 2023. La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha reiterado en diversas ocasiones la posibilidad de que esta subida del SMI sea mayor a la prevista en el programa de Gobierno de coalición -donde simplemente se estipuló que el nivel llegaría al 60% del salario medio al final de la legislatura- prevista en torno a los 1.048 euros al mes.

Ahora, el Ejecutivo plantea sobrepasar esta cota. Según explicó este medio, la idea está en llevar el SMI hasta el entorno de los 1.100 euros el 1 de enero de 2023, que supondría un incremento del 10% sobre el nivel actual y estaría alineado con las demandas de los sindicatos. Este mismo viernes advertían desde UGT al departamento dirigido por Yolanda Díaz que cualquier subida por debajo de ese 10% supondría un empobrecimiento de los casi 2 millones de trabajadores que cobran la mínima remuneración en España.

Con todo, entre los 735 euros de SMI que había fijados cuando llegó Pedro Sánchez a La Moncloa y los 1.000 euros en los que se encuentra actualmente la escalada aplicada en la presente legislatura asciende a más de un 35%. En este punto, pese a que la OCDE señala con tibieza el impacto que puede tener sobre la economía, otros servicios de análisis como el Banco de España sí que apuntan a un daño real sobre el empleo.