El objetivo de España debería ser «tener superávit» y no solo cumplir con Bruselas, advierten los economistas

A cierre de 2024, la deuda pública se situaba en el récord de 1,62 billones de euros, un 2,9% más que en el mismo mes del año anterior. Sin embargo, en términos de ratio con el producto interior bruto (PIB) quedó en el 101,8%, 3,3 puntos porcentuales menos que en 2023 y por debajo del 102,5% al que se había comprometido el Gobierno con Bruselas.

Noticia Relacionada

El empleo suma 501.952 afiliados nuevos pero el paro sigue por encima de los 2,5 millones

Xavier Vilaltella

«El dato de deuda pública es una muy buena noticia», ha afirmado Valentín Pich, antes de añadir que los economistas «vemos la botella medio vacía». Para el presidente del CGE, la deuda española sigue sorprendiendo por su incapacidad de situarse en niveles que permitan el superávit incluso cuando la economía española avanza a un ritmo cuatro veces superior al de la eurozona. «Sigue sorprendiendo que el objetivo sea cumplir con la Unión Europea cuando debería ser tener superávit. Estamos un poco alarmados de que el reto no sea tener superávit«, ha zanjado Pich.

Con todo, las estimaciones del Consejo apuntan a un déficit público del 2,8% del PIB en 2025, tres décimas más respecto a las estimaciones del Gobierno, y una deuda pública del 101,9% del PIB este año.

En cuanto a las soluciones al problema, los economistas han insistido en que España debería aprovechar el buen momento que vive su economía para realizar las reformas que allanen el camino para el mantenimiento del crecimiento. «Sobre todo hay que mejorar en competitividad, productividad y estabilidad regulatoria», ha apuntado Salvador Marín, director del Servicio de Estudios del CGE. Para este economista, el plan fiscal estructural del Ejecutivo descansa demasiado en el crecimiento económico cuando debería hacerlo en la reformas.

En la misma línea, Antonio Pedraza, presidente de la Comisión Financiera del CGE, ha apuntado a la necesidad de «reformas estructurales» y a la dificultad de aplicarlas debido a los ciclos electorales. «Ese es el problema de las legislaturas a cuatro años», ha zanjado.

Esto no quita que las conclusiones de todos los economistas del Consejo para con los datos a cierre de 2024 hayan sido positivas; no podía ser de otro modo porque nuestro país cerró el año a la cabeza del crecimiento en Europa (3,2% en términos de PIB), con una inflación en cifras asumibles (2,8% aunque en una tendencia ascendente en la parte final del año) y una tasa de paro que se redujo hasta el 10,6%. Para 2025, el CGE prevé que el PIB crecerá un 2,4% y la inflación se situará en torno al 2,2%.

Sobre los desafíos que enfrenta nuestra economía, los expertos han destacado la excesiva dependencia con respecto al turismo, la ralentización de la inversión, la lenta recuperación del consumo privado, la crisis de vivienda, la eterna incapacidad de mejorar unos datos de paro que siguen siendo los más altos de la OCDE o los malos datos de productividad, que ha mostrado una caída del -0,78% en el segundo trimestre de 2024, tras un incremento del 1,18% en el primero, consolidando la tendencia negativa observada en 2022 y 2023.

Específicamente, Valentín Pich se ha referido a la reducción de jornada que plantea el Gobierno como una de las medidas «que plantean retos para la competitividad, por los posibles efectos en los costes laborales, por lo que debemos tratar de alcanzar un alto consenso para gestionarlos». Luego están las alzas en las cotizaciones que ha llevado a cabo el Gobierno de Pedro Sánchez. »Apostamos por que se ensanchen las bases imponibles y no cargar tanto sobre los cotizantes que ya están en el empleo. Queremos política activa de fomento del empleo«, ha explicado Salvador Marín. En lo que refiere al mercado laboral, la estimación del CGE es que en 2025 el paro bajará al 10,4% «siempre que se mantenga el tirón del turismo».