Los nuevos convenios priorizan las subidas de sueldos frente a la reducción de jornada

Hasta el pasado mes, la jornada media anual pactada en el conjunto de los convenios fue de 1.751 horas frente a las 1.763 horas rubricadas un año antes. Es decir, apenas 10 horas anuales menos –ni siquiera alcanza una hora por mes, en el mejor de los casos de prorrateo– en ese tiempo. Incluso en el caso de los convenios propios de empresa, las horas anuales se han incrementado levemente (al pasar de 1.717 a 1.720 horas) mientras que en los sectoriales o de ámbito territorial –más genéricos– sí se ha dejado notar una mayor caída de este punto laboral.

Todas estas cifras, incluidas en el último informe estadístico de convenios colectivos del Ministerio de Trabajo, apuntan que la reducción de jornada no se encuentra entre las prioridades de las negociaciones por dos causas fundamentales, según varias fuentes del diálogo social. Primero, porque la presión de muchas plantillas incide en mejorar las condiciones salariales después de varios años de pérdida de poder adquisitivo tras la crisis de inflación de 2022; y porque, en muchos casos, los sindicatos cuentan con que el proyecto de ley de las 37,5 horas semanales saldrá adelante tarde o temprano y no hace faltarenegociar esta parte de los convenios.

La condición que se sitúa al frente de la renovación de estos acuerdos laborales sigue siendo la vinculada a las remuneraciones de los trabajadores. Tanto es así que las subidas de sueldo van incrementándose poco a poco a medida que sindicatos y empresarios van cerrando estos pactos. Si hace un año el alza media acordada se situaba por debajo del 3%, ahora se aproxima ya al 3,5%. Estos datos contrastan con los de ejercicios anteriores cuando las subidas pactadas fueron del 3,65% en 2023 (el año posterior a la crisis de precios); del entorno del 3% en 2022; y ya muy lejos del 1,45% medio de 2021 o del 1,73% de 2020, en plena pandemia.

Esta brecha entre mejora de salarios y reducción de la jornada se ha hecho más patente desde que comenzó 2025, «posiblemente condicionado por la aprobación del anteproyecto de ley de jornada laboral», explican fuentes del diálogo social. Si antes de que acabara 2024 la jornada pactada media era de 1.753 horas, desde enero ha caído a 1.729 horas. Y en el caso de los sueldos, el alza acordada hasta el pasado 31 de diciembre era del 3,29% frente al 4,44% de los cuatro primeros meses de 2025.

Lo que también denotan las estadísticas de convenios es cómo se ha parado en seco la firma de este tipo de acuerdos laborales por parte de CEOE y Cepyme con los sindicatos. Porque empresas y representantes de los trabajadores siguen aguardando el momento en el que se apruebe el proyecto de ley de reducción de jornada. A pesar de que a esa norma le restan aún muchos meses de tramitación y no está claro cuándo se pueda poner en marcha, y si realmente se podrá aplicar tal y como está acordada entre Díaz, UGT y CC.OO.

Aunque los datos disponibles solo alcanzan al primer cuatrimestre de este año, sigue notándose esa parálisis. Los convenios firmados desde enero (171) abarcan a 458.636 trabajadores. Se trata de casi 100.000 ocupados menos de los que vieron cómo sus empresas pactaron convenios hasta abril del año pasado, cuando había unos 530.000 trabajadores afectados por esta circunstancia.

El laberinto negociador, ejecutivo y ahora legislativo en el que se encuentra la reducción de jornada está mermando la negociación colectiva. Ya el año pasado, se acordaron 845 convenios colectivos, que afectaban a 2,3 millones de trabajadores, frente a los 1.146 que se firmaron en 2023 y que vinculaban las condiciones laborales de 3,6 millones de ocupados, según los últimos datos anuales de Trabajo. Es decir, 301 convenios menos en un año, que han dejado sin actualizar los términos que rigen el puesto de trabajo a 1,3 millones de españoles en todos esos meses.

Esta situación se prolongará durante las próximas semanas a la espera de resolver las enmiendas a la totalidad, si se presentan, así como una extensa negociación para modificar el proyecto de ley, que fija el 31 de diciembre como fecha límite para aplicarla.

Apenas el 27,4% de las empresas tiene al menos un plan de jubilación para su plantilla, según el VIII Estudio sobre la Situación de las Pensiones en España elaborado por KPMG Abogados. Aunque la preocupación por la sostenibilidad del sistema de pensiones y el envejecimiento poblacional está obligando a muchas empresas a replantearse su papel en la previsión social, los convenios que se firman siguen sin tener en cuenta como prioritaria esta forma de remuneración para las plantillas.

De las empresas que ofrecen planes, un 35,86% proporciona más de uno, y los sectores financiero (60,87%), energético (46,43%) y químico-farmacéutico (36,36%) se posicionan a la cabeza de estos sistemas. En este contexto, desde la gestora Horos admiten la barrera para implantar los planes de empleo, con una ley que no termina de impulsar esta realidad y la baja rentabilidad que tradicionalmente ofrecían. «Hay que dar mejores rentabilidades para atraer al inversor», indican en la firma.