La enmienda verde del otro pacto energético con la bancada roja

Sebastián se une ahora a izquierda unida en el intento de sacar la energía nuclear y la hidráulica del sistema de formación de precios eléctricos

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Miguel Sebastián no quiere que sus célebres ocurrencias se conviertan en simples milongas y ha encontrado en Izquierda Unida un aliado de primera fila para elevar a sede parlamentaria la cruzada del Gobierno contra los costes del sistema eléctrico y la imparable subida de la luz. Fracasadas por enésima vez las negociaciones con el Partido Popular, el ministro quiere aprovechar la inefable Ley de Economía Sostenible como punta de lanza de una revolución estructural que, ahí es nada, pretende excluir a la energía nuclear y a la hidráulica del actual mecanismo de formación de precios en el mercado de la electricidad.

Joan Herrera, en su triple calidad de diputado comunista, verde y catalán, no se ha cortado ni un pelo en la enmienda que su grupo político ha introducido a última hora dentro de ese bodrio legislativo que se sacó de la manga Zapatero cuando todavía creía que la crisis era algo manejable. El ministro de Industria probablemente no pretendía llegar tan lejos pero la iniciativa de la bancada roja le permite ahora seguir en sus trece una vez que Cristóbal Montoro, como no podía ser de otra manera, ha mandado a hacer gárgaras el pacto energético.

Fue el propio Sebastián quien llamó desesperado a la puerta de Mariano Rajoy a finales de junio para hacer causa común con el PP en contra de una subida de la electricidad que las empresas del sector reclamaban a voz en grito. La política de viejo cuño socialista siempre ha sentido una consideración especial hacia el precio de la luz y el incremento de la factura no parecía de recibo en un momento de recortes salariales, congelación de pensiones y alzas generalizadas de impuestos.

Para justificar lo injustificable el responsable de la política energética no tuvo mejor idea que apelar a un estudio ponderado que redujera los costes del sistema como condición indispensable para abaratar la tarifa eléctrica. Un informe de esos que si te he visto no me acuerdo porque tres meses después el Gobierno ha subido sin mayores remilgos el recibo de la luz demostrando, como decía Talleyrand, que lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible.

Sebastián sabe también de sobra que es ilusorio intentar sacar ahora la producción hidroeléctrica y nuclear del pool sectorial, pero a un jacobino irredento como él no le viene mal abrir un debate que baje los humos a las empresas. Los departamentos jurídicos de Iberdrola, Endesa y Gas Natural están que echan chispas desde que al secretario de Estado de Energía, Pedro Marín, se le traspapeló hace pocos días una nota informativa oficial en la que se reconocía la necesidad de subir el precio de la luz hasta un 60% para compensar los extracostes de las renovables y la nueva retribución a la distribución.

El Ministerio de Industria salió rápidamente al quite señalando que el papelito de la discordia no formaba parte de la comunicación oficial sobre precios eléctricos que había sido remitida a la Comisión Nacional de la Energía que preside Maite Costa. El Gobierno tiraba de nuevo por la tangente para demostrar la sabiduría de una rectificación urgente, pero esta vez las eléctricas le han visto el plumero y tienen un argumento muy poderoso para reclamar una tarifa realmente aditiva que erradique el multimillonario déficit de tarifa. La amenaza de un recurso al Tribunal Supremo adquiere en estos momentos plena carta de naturaleza, sobre todo si se tiene en cuenta la determinación con que algunos se manejan para reclamar por vía judicial lo que les niegan en el plano administrativo.

El antiguo zar económico de Zapatero ha trasladado a sus mayores de Moncloa el temor que inspira la figura de Ignacio Galán como líder reconocido en el mercado eléctrico español. El presidente de Iberdrola suele ser el primero en lanzar la piedra cuando se siente libre de pecado y alguna decisión política contraviene su estrategia de negocio. De ahí que la propuesta apalancada con Joan Herrera esté dirigida precisamente a debilitar la línea de flotación de la eléctrica vasca que por algo es la que alimenta un mix de generación basado en energía nuclear e hidráulica.

La ofensiva de Sebastián consiste en repercutir al sector las externalidades negativas de fuentes de producción que se consideran amortizadas. Para ello se plantea el cobro efectivo en la renovación de las futuras concesiones de centrales hidroeléctricas, además de una tasa sobre los residuos radioactivos. El Gobierno trata así de colarse como convidado de piedra en el festín de las eléctricas ante la negativa de las empresas a reducir el pastel de la tarifa. Una nueva ocurrencia al uso, pero que está a años luz de poder frenar los precios de la electricidad en España.