El nacionalismo activa la exigencia de un SMI vasco y catalán de 1.400 euros

La presión de los nacionalistas para lograr nuevas conquistas económicas abriría la puerta a más desigualdades regionales, a fijar un sueldo mínimo para catalanes y vascos por encima del que tienen, por ejemplo, un andaluz o un extremeño.

A final de agosto el lendakari, Imanol Pradales, fijaba como una de las prioridades para el nuevo curso político lograr un SMI vasco de convenio, que el Ejecutivo autonómico ya fijó meses antes en una horquilla de hasta 1.385 euros al mes (actualmente el indicador está en 1184 euros). La misma reivindicación se volvía a poner sobre la mesa también antes de verano en Cataluña. ERC anunciaba una proposición no de ley (PNL) en el Congreso de los Diputados para que se discuta la exigencia. La propuesta en este caso es situar el SMI catalán en 1.420 euros como vía para impulsar los salarios de convenio.

ERC no está solo en esta cruzada por el SMI catalán. Cuenta con el apoyo de la formación de Carles Puigdemont y de UGT y CC.OO., además del respaldo del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que incluía esta exigencia en su plan de 'rescate' económico de Cataluña, un proyecto quinquenal que recoge una lluvia de inversiones de más de 18.000 millones con el que pretende hacer sombra a Madrid y a las políticas de Isabel Díaz Ayuso.

El camino hacia la soberanía fiscal en Cataluña es, por tanto, sólo el primer paso de otros muchos que van dando los independentistas catalanes aprovechando la debilidad del Gobierno de Pedro Sánchez; los apoyos no son gratis y Junts está multiplicando sus exigencias después de presentar una enmienda a totalidad al proyecto de recorte horario de la vicepresidenta segunda.

La ofensiva con el SMI del Gobierno catalán no es nueva. Ya en 2019 la Generalitat propuso situar el salario mínimo catalán casi un 40% por encima de indicador aprobado para toda España con los mismos argumentos que ahora se exponen para exigir plenos poderes para decidir sobre los sueldos mínimos de referencia. Una meta no compartida por la patronal catalana Fomento de Trabajo, alineada en este asunto con Junts.

El mismo camino siguen los nacionalistas vascos. Pradales apuesta por una vía que ya fracasó, después de que sindicatos y empresarios no se pusieran de acuerdo en la negociación colectiva por el fuerte rechazo de la patronal Confebask, que entiende que la iniciativa pondría en riesgo la competitividad de las empresas ubicadas en la comunidad. Pero el lendakari cree que ahora «existe un marco favorable» para que pueda implementarse un SMI propio desde el acuerdo entre los agentes sociales.

«El aumento de las cotizaciones sociales, los elevados registros del absentismo laboral en el País Vasco, la reducción de jornada laboral por disposición legal —que irrumpe sobre lo pactado previamente en la negociación colectiva y rompe los equilibrios establecidos— y la falta de flexibilidad organizativa en las empresas, hacen que la presión sobre los costes laborales sea una de las principales preocupaciones empresariales por su impacto en la competitividad», afirmó en la primera intentona Confebask.

Un estudio encargado por el Ejecutivo vasco situó el rango estimado para el salario mínimo de convenio entre 1.268 y 1.385 euros brutos en 14 pagas, lo que supone un incremento de entre el 7 y el 17% respecto al SMI estatal. «Esta horquilla guarda coherencia con el mayor coste de vida en Euskadi, estimado entre un 7 y un 11% superior al conjunto del Estado», argumentó el Gobierno autonómico cuando fue presentada su propuesta para los convenios colectivos el pasado julio.

El Ejecutivo vasco se enfrenta ahora a un 'otoño caliente' por la presión de los sindicatos abertzales, que han hecho de esta conquista salarial un claro objetivo. EH Bildu y los sindicatos ELA y LAB ha presentado junto ELA, ESK, Steilas, Hiru y Etxalde, 138.495 firmas en el Parlamento vasco para avalar la petición de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) a favor de un salario mínimo vasco.

La ILP pretende que el Parlamento avale trasladar al Congreso la petición de modificación del Estatuto de los Trabajadores para que el País Vasco tenga capacidad de legislación en esta materia que ahora es legislación básica, reservada en exclusiva al Estado. Una posibilidad que tanto LAB como ELA plantearon a la vicepresidenta segunda en su visita a la región el pasado mayo y esta no vio con malos ojos. La propuesta sindical en este caso es de un SMI mayor, de 1.500 euros mensuales.

Tras aquel encuentro, Díaz se comprometió a «estudiar con cariño» la propuesta, pero no pasaron 24 horas cuando aseguro que «el salario mínimo es un suelo que nos cohesiona socialmente a todos los territorios».

La subida del salario mínimo es potestad del Gobierno, y aunque cada año consulta a los agentes sociales la decisión última es suya. Es ya habitual que las negociaciones se cierren cada año con fuertes enfrentamientos con los empresarios, más comedidos con las subidas del indicador, que acumula alzas superiores al 60% desde que gobierna Pedro Sánchez.

El incremento que el Gobierno aplicará para el próximo 2026 no estará exento de polémica, teniendo en cuenta que a la modificación legal que plantea Yolanda Díaz es que el incremento del sueldo más bajo sea automático y que, además, su cuantía sea «igual o superior al 60% del salario neto», una fórmula que los sindicatos venían reclamando y que dejaría el indicador por encima de los 1.200 euros netos.

La patronal sostiene, como ocurriría con la rebaja de jornada, que fijar por ley la subida del SMI resta atribuciones a la negociación colectiva. Explica la organización empresarial que si va a ser una norma la que determine las subidas del sueldo mínimo, el diálogo en las empresas o sectores quedará relegado a un segundo plano, además de advertir de que se generará una espiral alcista que incrementará el coste laboral, teniendo en cuenta el encarecimiento que suma esta renta mínima más las retiradas subidas de cotizaciones.