Las mutuas controlarán las bajas laborales tras dispararse su coste un 80% en cinco años

Así se refleja en una nota informativa elaborada por el departamento que dirige Elma Saiz a la que ha tenido acceso ABC, y en la que se asegura que «en el marco de la mejora de la gestión de la prestación de incapacidad temporal (IT) y la disminución del gasto generado, se proyecta la celebración de unos convenios de colaboración a suscribir entre la consejería de sanidad de cada una de las comunidades autónomas, las mutuas, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social y el Instituto Nacional de la Seguridad Social».

La comunicación, que ya se ha trasladado a empresarios y sindicatos, explica que estos convenios se circunscriben a los procesos de IT derivados de patologías musculoesqueléticas de origen traumatológico, que se listarán en el convenio, en los que la cobertura corresponda a las mutuas, «todo ello enfocado a la más pronta recuperación de la salud del trabajador».

La idea de la Seguridad Social es que la intervención de las mutuas se produzca en aquellos procesos que tienen una duración superior a lo estipulado y siempre será con el consentimiento del paciente. Como ya informó ABC, los casos traumatológicos derivados de contingencias comunes concentran más del 80% de los procesos de baja. Por ello, las mutuas llevan años ofreciéndose a prestar asistencia sanitaria en este caso, en el que son especialistas, y a emitir altas médicas en las bajas por enfermedad común y accidentes no laborales. Como dato explican que más de 1.138.000 trabajadores de baja por patología traumatológica tardan un mes de más de lo que correspondería en recuperar su salud y poder reincorporarse a su empleo.

Pero pese a la petición de las mutuas, las altas seguirán en el terreno de los médicos de la Seguridad Social. Lo deja claro la comunicación del Ministerio, en la que se detalla que si las mutuas estiman que procede el alta del trabajador, los servicios de salud de las comunidades autónomas darán una respuesta a esa solicitud en cinco días. Al tal efecto, el sistema pondrá en marcha una comisión de seguimiento para el seguimiento de la nueva hoja de ruta con periodicidad semestral.

El nuevo 'modus operandi' tiene como objetivo, según el Gobierno, facilitar la recuperación de la salud del trabajador lo antes posible y evitar también que se produzca una merma de su sueldo cuando preste sus servicios en una empresa que no complementa el 100% de la prestación de IT. Además de reducirse el gasto generado para las arcas públicas, el segundo más elevado tras el de pensiones.

Pese al paso adelante dado por la nueva titular de Seguridad Social, las mutuas se quejan de que llevan años reclamando su participación en los procesos. Recuerdan, de hecho, que tienen suscritos convenios con Cataluña y Valencia que no pueden llevar a cabo hasta que el Gobierno apruebe un convenio marco inicial.

Coste de las bajas laborales

para la Seguridad Social

En millones de euros anuales

13.709

14.000

12.000

10.000

6.717

8.000

5.005

6.000

4.000

2.000

0

2010

11

13

15

17

19

21

23

Modificaciones

del presupuesto

para IT realizadas en 2023

En millones de euros anuales

1.949

Última cifra disponible

1.544

356,2

501,6

356,3

19,1

5,9

5,9

5,9

5,9

4,9

e

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Fuente: Seguridad Social

ABC

Coste de las bajas laborales para la Seguridad Social

En millones de euros anuales

13.583

13.709

12.492

11.880

9.515

7.566

7.466

6.717

6.871

6.232

6.137

5.462

5.353

5.005

2010

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Modificaciones del presupuesto

para IT realizadas en 2023

En millones de euros anuales

1.949

Última cifra disponible

1.544

501,6

356,3

356,2

19,1

5,9

5,9

5,9

5,9

4,9

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ABC

Fuente: Seguridad Social

Durante este 2023 se tramitaron más de 8,2 millones de bajas, y el coste total del absentismo se disparó hasta los 142.000 millones, un dato histórico, según datos AMAT, la patronal de las mutuas que adelantó ABC. El impacto económico de las bajas por enfermedad no se circunscribe únicamente a la cuantía de las prestaciones por incapacidad temporal que paga la Seguridad Social y la mutuas, también supone un coste directo e indirecto para las empresas, que se estima en base a otros efectos que tiene el absentismo laboral, como el coste de oportunidad, la productividad, etc.

Del desembolso total en bajas en 2023, 13.828 millones corresponden al coste de las prestaciones de Seguridad Social. A esto se sumarían 12.507 millones de costes directos que asumen las empresas afectadas por estos procesos, mientras que otros 116.445 millones serían el resto de costes indirectos. La suma de todos estos importes provocados por el absentismo y sus derivadas es unos 25.000 millones superior al 2022, lo que ha hecho saltar todas las alarmas, no solo entre los empresarios, sino también entre los propios gestores de la Seguridad Social, teniendo en cuenta que el montante de este desequilibrio laboral casi se ha duplicado en cinco años.

La Seguridad Social lleva un año reflotando mes tras mes el presupuesto destinado a cubrir las prestaciones que se abonan por los procesos de incapacidad temporal. El juego de vasos comunicantes realizado por el departamento dirigido por Elma Saiz no es menor. Se han tenido que realizar modificaciones presupuestarias por valor de hasta 1.949 millones -hasta noviembre de 2023, último dato disponible- para poder cubrir las obligaciones de pago. Teniendo en cuenta que falta por conocer la ejecución presupuestaria de cierre de ejercicio, la cifra podría ser aún más abultada.

Pero en cualquier caso, la necesidad de inyectar casi 2.000 millones extra para poder atender a estas contingencias da cuenta del exacerbado ritmo de crecimiento del gasto para las arcas públicas. Aunque al tratarse de modificaciones dentro del presupuesto no genera un déficit adicional al sistema.

Concretamente, el Gobierno erró hasta en un 20% la previsión de gastos asociados a estas bajas laborales para 2023. Mientras que había presupuestados 11.764 millones de euros para este ejercicio, el coste final ascenderá a los citados casi 14.000 millones, equivalente casi a un punto porcentual del PIB. Esto, pese a que el gabinete técnico de la Seguridad Social había proyectado una sustancial moderación del desembolso, del 13% para este año. Nada más lejos de la realidad, el salto de gasto que se ha experimentado en los últimos años, un 81% desde 2018, cuando se destinaron cerca de 7.500 millones, parece ser de carácter estructural tras la pandemia.

Aquí, si bien las modificaciones presupuestarias efectuadas entre enero y junio del pasado para compensar el desvío de la previsión de gasto del Gobierno fueron destinadas concretamente a procesos derivados del Covid, la cuantía movilizada apenas había alcanzado los 19 millones de euros. Es a partir de julio cuando se intensifica el trasvase hasta alcanzar la cifra de casi 2.000 millones. De este dinero inyectado, casi 1.800 millones son para contingencias comunes, las bajas laborales de carácter ordinario.

La sombra de los abusos se cierne sobre el alud de ausencias al trabajo. La patronal que dirige Antonio Garamendi ha trasladado a los gobiernos, de forma reiterada, su preocupación por la situación generada por la gestión de las bajas laborales y lleva años ofreciendo el apoyo de las mutuas en los tratamientos y en los procesos de alta médica sin ningún éxito. La escalada de las bajas médicas está asfixiando en muchos casos a los negocios, que siguen tratando de recuperarse del golpe de la pandemia y de la fuerte huella que está dejando en sus balances, en un momento, además, en el que afrontan una espiral de costes por el aumento impositivo, de las cotizaciones sociales y por el alza de la inflación.

Ese impacto de las bajas en las cuentas de las empresas no es menor, teniendo en cuenta que en los supuestos de enfermedad común o de accidente no laboral, el abono del subsidio entre los días 4 a 15 de baja en el trabajo corre a cargo del empresario. A partir del decimosexto día de baja la responsabilidad del abono recae en la Seguridad Social o mutua en su caso, aunque el pago lo siga materializando el empresario. Es decir, el empresario abona como si fuera una nómina y luego la Seguridad Social o la mutua le paga al empresario. De esta forma, el trabajador recibe este ingreso como si fuera una nómina, descontando del importe del subsidio la retención por IRPF y las cotizaciones a la Seguridad Social.

Las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social argumentan que son expertas en el trato de patologías traumatológicas para actuar contra el absentismo. Según los datos del sector, la duración media de los procesos de contingencia profesional diagnosticados como patologías traumatológicas que gestionan ascienden a 36 días. En cambio, cuando esos mismos procesos son una contingencia común, y son tratados en la sanidad pública, tienen una duración de 70 días. A todo ello se une el elevado crecimiento de los procesos de larga duración. Las ausencias al trabajo por causas médicas superiores a un año han pasado de 34.000 bajas en el año 2019 a más de 100.000 en el pasado ejercicio.