Los mutualistas que estén fuera de la Seguridad Social deberán pagar un 20% más de cuota en tres años

Hasta ahora, los mutualistas alternativos -60.000 de la abogacía en la Mutualidad y los de las otras siete entidades de previsión social complementaria que cuentan con la posibilidad de funcionar como sistema alternativo de cotización a la Seguridad Social- tienen la obligación legal de haber aportado a lo largo de su vida laboral en activo el equivalente al 80% de la base mínima de cotización al RETA. Por lo que a lo largo de su carrera estos autónomos pueden satisfacer aportaciones algo más bajas que las mínima obligatorias para los afiliados al régimen de la Seguridad Social -una operativa que les ha otorgado a lo largo de los años una mayor maniobrabilidad financiera en el momento de la actividad pero que también ha determinado las exiguas rentas de jubilación a percibir en el momento del retiro-.

Según recoge la propuesta oficial del departamento de Saiz de pasarela al RETA para los mutualistas, a la que ha tenido acceso ABC, esta circunstancia será corregida con la introducción de una disposición transitoria a la Ley General de la Seguridad Social que aumentará progresivamente en un plazo de tres años la cotización a la mutualidad hasta llegar en 2027 al 100% de la base mínima del RETA. Según los planes iniciales que pasan por aprobar el paquete de actuaciones en torno a los mutualistas alternativos en lo que resta de año, la cuota a satisfacer por los mutualistas, se incrementará 86% de la cuota mínima «resultante de aplicar el tipo general de cotización establecido para contingencias comunes en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos a la base mínima del tramo de cotización aplicable en función de sus rendimientos netos en el ejercicio» en 2025, ascenderá al 96% en 2026 y llegará al 100% en 2027.

Tal y como señala Seguridad Social en la exposición de motivos con los que justifica los retoques en la ley para dar cabida a la pasarela al RETA, este incremento de las aportaciones de quienes decidan quedarse fuera del sistema público -cabe recordar que la posibilidad de trasladar los fondos de la mutualidad a la Seguridad Social estará abierta durante un plazo de un año desde el momento en el que se aprueben las modificaciones legales previstas- se lleva a cabo con el objetivo de que se incrementen las prestaciones «y, por otra parte, para precisar que la referencia al importe de las pensiones del sistema de Seguridad Social debe entenderse efectuada al que esté establecido en la fecha del hecho causante».

Cabe recordar que el Gobierno activó el desarrollo de estas medidas con el objetivo de mejorar la expectativa de pensión de jubilación de los mutualistas alternativos tras las denuncias de parte del colectivo que perciben bajas rentas de su mutualidad en el retiro, de 300 euros en los casos más extremos. Una misma circunstancia que sobrevuela para parte de los que aún están en activo y que por su bajo nivel de aportaciones -que les permite la ley- cuentan con una expectativa reducida en cuantías en el medio y corto plazo. Entre los de los 60.000 mutualistas alternativos de la abogacía unos 2.500 estarían en la situación más agravada con un horizonte de pensión de hasta 500 euros mensuales; otros 15.000 colegiados tendrían una proyección de jubilación de entre 500 y 700 euros y unos 30.000 autónomos mutualistas rondarían los 800 euros mensuales.

La idea con la que ha enarbolado el gabinete técnico de la Seguridad Social la triple actuación sobre el colectivo es en primera instancia solventar las posibles situaciones de vulnerabilidad que se puedan generar para los mutualistas en el corto y medio plazo, y posteriormente acabar con esta eventualidad eliminando la posibilidad de la alternatividad en 2027, además del aumento de las aportaciones para quienes sigan al margen del sistema público.

La Seguridad Social considera que que este modelo está agotado y señalan que no es viable mantener el modelo si eventualmente el sistema público tiene que salir al rescate ante situaciones de vulnerabilidad y reforzar la protección desde el ámbito de la Seguridad Social. Por su parte, las entidades defienden las bondades de un modelo que ha descargado al RETA durante años a partir de los principios de la economía social.