Las mutuas de Muface presionan a Hacienda para compensar las pérdidas por la atención médica a los funcionarios

Tal y como avanzó este medio, una doble circunstancia provocará que el convenio firmado a finales de 2021 para los tres años siguientes genere pérdidas económicas a las tres principales aseguradoras -Asisa, Adeslas y DKV- que dan cobertura sanitaria bajo el paraguas de Muface, Isfas y Mujeju por valor de casi 600 millones de euros entre las tres entidades. La causa está, por un lado, en el aumento de costes en la prestación de los servicios intrínseco a la coyuntura inflacionistas que tocó techo en el pasado año con un IPC medio del 8,4% y que persiste con una escalada media de los precios de casi el 4% en la primera mitad de 2023. Y a esto se suma el aumento de las atenciones que se realizan a los trabajadores, que tras la pandemia se han incrementado en un 10%, según calculan las empresas del sector.

«El contrato va a ser muy deficitario», señalan las fuentes de Muface consultadas por ABC asegurando que el problema principal residen en que la prima se negoció justo antes del estallido de la guerra en Ucrania y la posterior escalada de precios. No obstante, esta circunstancia ha sido ya transmitida a los responsables del Ministerio de Hacienda para tratar de buscar una solución a las pérdidas que se generarán en el periodo de tres años. Sólo en 2022, estas ascendieron a 170 millones de euros.

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Con estas previsiones en la mano, los representantes de Muface y el resto de mutualidades que dan servicio médico a los funcionarios se pusieron en contacto con Función Pública para sondear la posibilidad de revisar el convenio firmado y mejorar la prima para que, al menos, el resultado no se traduzca en pérdidas para las aseguradoras concertadas. En este sentido, cabe recordar que el contrato trienal cuenta con una financiación de 3.571 millones de euros. Por lo que, de cubrirse las pérdidas previstas de casi 600 millones de euros, supondría un incremento de la prima del 17%.

Así, pese a que la financiación establecida supone una revalorización del 10% respecto al convenio precedente, esto no impedirá que las aseguradoras registren un saldo negativo por la operación. «Hay un infrafinanciación, cuando se negoció se tenía una perspectiva de moderación del IPC para los años siguientes», señalan fuentes presentes en la negociación de contrato ahora en vigor.

Sin embargo, el parón legislativo podría apuntalar el escenario deficitario para las aseguradoras. Las empresas ya habían iniciado conversaciones con Función Pública para explorar posibles soluciones justo antes de que se disolviera la acción legislativa del Gobierno por la convocatoria del elecciones generales. Ahora, ante las altas posibilidades de que se dilate la conformación de un nuevo Ejecutivo en plenitud de funciones, que se podría ir incluso a comienzos de 2024, se teme que la reivindicación caiga en saco roto.

«Hemos hablado con el Gobierno para revisar el convenio por las nuevas condiciones económicas, pero no estábamos avanzando mucho», admiten las fuentes consultadas asegurando, no obstante, que el Ejecutivo les había transmitido «comprensión» sobre la petición y la preocupación de las compañías ante el escenario.

De hecho, este retraso en la conformación del Gobierno podría suponer la imposibilidad de incluir una mejora de la prima que el Estado asigna a Muface para el convenio actual. Si bien, señalan desde el sector que esta coyuntura está contemplada y que, en tal caso, se trataría de aplicar esta compensación en el contrato que se firme para el próximo trienio, correspondiente a 2025, 2026 y 2027. Pese a ello, señalan que «el objetivo principal es la revisión del contrato en vigor» y que ese es el punto de partida desde el que se habían planteado las conversaciones con el Gobierno.

En este punto, cabe anotar la posible discrepancia interna que se podría producir en el Ejecutivo de repetirse la coalición entre PSOE y, en este caso, Sumar. A expensas de sustanciarse este Gobierno habría que ver hasta donde llega la formación liberará por Yolanda Díaz en el planteamiento que abanderó Unidas Podemos de avanzar en la eliminación de este sistema para derivar toda la asistencia a estos trabajadores al sistema sanitario público. «Desde el PSOE existe un compromiso de mantenerlo», aseguran, no en vano, las fuentes del sector.

Por su parte, el fuentes oficiales de Función Pública admiten la existencia de un diálogo «fluido» con las aseguradoras a través de Muface sobre estas preocupaciones a cerca de la cobertura de los servicios prestados. Confirman a ABC estas fuentes que en distintas reuniones mantenidas entre los meses de junio y julio las entidades concertadas pusieron de manifiesto su preocupación por el escenario económico actual, que admiten «es muy diferente al de hace un año cuando se firmó el Concierto para la asistencia sanitaria de 2022 a 2024, solicitando el reequilibrio económico del contrato». Si bien reconocen que no se han producido grandes avances al respecto, y menos en los últimos meses con el frenazo de la actividad parlamentaria y legislativa a la espera de la conformación de un nuevo Gobierno.