Montero se da tres meses para plantear un modelo de financiación que reconocerá las singularidades de las CC.AA.

El Ministerio de Hacienda ha trasladado este lunes a las comunidades autónomas un puñado de "vigas maestras", según las ha definido la vicepresidenta, del futuro sistema. Se trata de líneas generales: ninguna comunidad autónoma saldrá perjudicada, habrá más recursos para las comunidades autónomas, será aplicable a todas las comunidades autónomas "lo que no impedirá que se reconozcan singularidades y particularidades de los territorios", definirá la aportación a la solidaridad territorial de forma transparente, mejorará su capacidad normativa y reducirá las diferencias actuales en financiación por habitante ajustado, que a día de hoy suponen hasta 1.005 euros por habitante.

Montero ha evitado concretar si ese conjunto de principios implicará inocular 16.000 millones de euros como ella misma pedía cuando era consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía y lo que sí ha deslizado es que su intención es que el futuro modelo incluya alguna cláusula o dispositivo que permita penalizar a las comunidades autónomas que bajen los impuestos, en línea con lo que ya planteó para la absorción de deuda de las comunidades autónomas. Su argumentación es que el Estado no se puede construir sobre el principio de que las comunidades autónomas pidan más recursos y luego bajen impuestos, lo que de alguna manera choca con ese principio básico de mejorar la capacidad normativa de las comunidades autónomas, que de este modo restringiría.

Sí ha dejado caer la vicepresidenta que el nuevo modelo abrirá la puerta a aumentar la participación que las comunidades autónomas tienen en los grandes impuestos con cuya recaudación ya se financian (IRPF, IVA e impuestos especiales) y a incorporar al sistema de financiación nuevos impuestos cuya recaudación ya reciben, como el impuesto a la banca según el ejemplo que la propia Montero ha puesto lo que apuntalaría su presencia en el sistema fiscal actual.

La reacción de las comunidades autónomas al planteamiento de Hacienda ha sido bien diferente. La consejera de Hacienda de la Generalitat de Cataluña, Alicia Romero, ha mostrado su satisfacción con el planteamiento trasladado por el Gobierno. "Suena bien", ha dicho, especialmente satisfecha por el hecho de que Hacienda haya oficializado su intención de negociar las singularidades de Cataluña de manera bilateral con la Generalitat. "Nosotros no nos vamos a meter en lo que el Gobierno negocie con Canarias, por tanto esperemos que pase lo mismo con nosotros", ha dicho.

Ese principio es el que más ha indignado a las comunidades autónomas del Partido Popular, que han denunciado que el Ministerio de Hacienda haya decidido acometer la reforma del modelo de financiación autonómica sin negociación alguna con el conjunto de los gobiernos regionales y dando carta de naturaleza además a la negociación bilateral con aquellas comunidades autónomas a las que se entienda que hay que reconocer alguna singularidad, evidentemente Cataluña y tal vez Canarias o Baleares, como ha deslizado algún consejero.