Montero ofrece 400 millones para tapar el boquete de 13.000 millones del 'cupo catalán'

Al margen de las dudas legales que ese sistema suscita respecto a su encaje en la Ley Orgánica de Financiación Autonómica e incluso en la Constitución, la principal objeción de los expertos se refiere a la dudosa sostenibilidad de los mecanismos de reequilibrio interterritorial si se da trámite a un sistema que según los cálculos realizados por Fedea restaría entre 6.600 y 13.200 millones de euros a la caja del Estado y que comprometería seriamente la aportación neta de más de 2.000 millones que Cataluña realiza cada año al sistema de financiación, que es uno de los agravios que enarbolan los nacionalistas catalanes en su exigencia de reforma.

Frente a ese potencial agujero a la nivelación entre territorios que abriría la 'financiación singular' pactada por PSC y ERC, que el Gobierno ya ha asumido como compromiso propio, la única propuesta concreta que se le ha escuchado al Ejecutivo hasta la fecha para asegurar el principio de solidaridad ha sido la de duplicar la dotación del Fondo de Compensación Interterritorial, un mecanismo menor cuya dotación presupuestaria en los dos últimos años ha sido de 432 millones de euros, aunque luego se haya ampliado con remanentes de otros años hasta más de 500 (ver gráfico).

 

Duplicar esa dotación sin embargo apenas alcanzaría a cubrir una quinta parte de la aportación neta que la Generalitat realiza en la actualidad al reequilibrio territorial, que el acuerdo de PSC y ERC aspira a reducir si no a eliminar, y se quedaría mucho más lejos de compensar el boquete de hasta 13.200 millones que según Fedea el concierto catalán abriría a las cuentas del Estado, cuyo papel en el reequilibrio territorial es fundamental.

La ministra de Hacienda insinuó el miércoles en su defensa de la financiación singular para Cataluña en el Senado que la reforma que el Ejecutivo tiene en mente -a partir de los parámetros fijados entre PSC y ERC- no solo beneficiará a Cataluña sino al conjunto de las comunidades autónomas y también que «la solidaridad interterritorial estará garantizada», pero no precisó qué se hará para cerrar la pérdida de financiación que supondrá la cesión de más recursos a Cataluña más allá de la ampliación de ese fondo.

Fuentes de Hacienda no aclaran tampoco si la medida comprometida por el Gobierno para mejorar los recursos que las comunidades autónomas menos favorecidas reciben del presupuesto a través del Fondo de Compensación Interterritorial se incluirá ya en el proyecto presupuestario para 2025 o se enmarcará en la turbulenta negociación del futuro sistema de financiación que se espera para el año que viene, si bien Montero avanzó que se haría «en el marco de la reforma del sistema de financiación».

El PP hizo causa ayer con el asunto y su presidente, Alberto Núñez Feijóo, difundió un mensaje a través de sus redes sociales criticando la medida. «Quieren callar con menos de 450 millones a los españoles cuando hace no tanto hablaban de la necesidad de 16.000 millones. Su anunciado fondo para la España que creen de segunda no solo es insuficiente, sino que el Fondo de Compensación Interterritorial ni siquiera forma parte del sistema de financiación y es insultante para la dignidad de la mayoría de españoles. Pretenden que acepten que los españoles vivamos de las sobras del reparto con el independentismo».

El Fondo de Compensación Interterritorial es el instrumento que previó la Constitución para corregir los desequilibrios territoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad entre autonomías. Su posterior desarrollo determinó que su dotación fuera equivalente al 30% de la cuenta de inversiones del Estado y que su distribución se realizara entre la decena de comunidades autónomas menos prósperas según sus necesidades, con especial incidencia en las regiones ultraperiféricas: Galicia, Andalucía, Asturias, Cantabria, Región de Murcia, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Canarias, Extremadura, Castila y León, Ceuta y Melilla.

El desplome de la inversión del Estado ha hecho que el fondo, que en los años de la burbuja llegó a manejar hasta 1.500 millones de euros, se haya quedado en una dotación anual de unos 500 millones, a repartir entre diez comunidades autónomas y dos ciudades autónomas, con un impacto más que relativo. Los datos oficiales publicados por Hacienda indican además que ningún año se ejecutan en su totalidad, lo que ha dado lugar a un remanente millonario.

La información sobre el fondo proporcionada por Hacienda revela que estos fondos han sido utilizados para hospitales, infraestructuras hidrológicas, iniciativas de empleo y formación o vivienda.

La propuesta planteada por el Gobierno puede tener además un efecto colateral sobre las Haciendas Forales. Tanto la regulación del cupo vasco como la de la aportación navarra califican el Fondo de Compensación Interterritorial y la contribución a la solidaridad entre autonomías que supone como un servicio prestado por el Estado y, por tanto, forma parte del pago que País Vasco y Navarra realizan todos los años al Estado. Ese pago se modula en función del índice de imputación presupuestaria, que compromete al País Vasco a aportar un 6,24% del Fondo y a Navarra a abonar el 1,6% del mismo. Sobre los 432 millones presupuestados este año esa fórmula implica un traspaso de 27 y 7 millones respectivamente.

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