La ministra portavoz ha dejado este martes bien claras las intenciones del Gobierno al reconocer que esta senda de déficit se ha aprobado «sin perder un minuto» al objetivo de poder iniciar la tramitación de los Presupuestos de 2024 «lo antes posible».
En principio, la ley de estabilidad no contempla ningún camino para sacar adelante un proyecto de Presupuestos Generales del Estado sin el respaldo unánime de las dos cámaras que conforman el parlamento español, pero Hacienda tiene un plan. Un plan muy claro que se sostiene sobre una base jurídica hasta ahora misteriosa, la que al parecer le proporciona un desconocido informe de la Abogacía del Estado de cuya existencia solo se sabe por las referencias que al mismo hace la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que avalaría la posibilidad de sostener las cuentas sobre los objetivos de déficit remitidos el pasado mes de abril a Bruselas, en caso de que el Senado bloquee la aprobación de la senda de déficit planteada por el Gobierno. Una solución sin precedentes.
La otra posibilidad, que el Gobierno negociara con el PP una posible salida, parece no haberse contemplado en ningún momento. El Gobierno no ha querido negociar ni con el PP ni con las comunidades autónomas, mayoritariamente controladas por el PP, ni con los ayuntamientos, la senda de déficit que ahora lleva por segunda vez al Congreso y al Senado, y el PP ha avanzado que no negociará salvo que se cumplan las propuestas de política fiscal que viene planteando en las últimas semanas y que el Gobierno ha rechazado una por una: extensión de la rebaja de IVA a carnes, pescados y conservas, deflactación de la tarifa del IRPF....
Hacienda sigue en sus trece
Ante este panorama, el Ministerio de Hacienda no se ha molestado ni en modificar la senda de consolidación fiscal que diseñó originalmente y que el Senado echó abajo. Lo aprobado este martes por el Consejo de Ministros sigue repartiendo el 3% de déficit público que se pretende alcanzar en 2024 del siguiente modo: 2,7% para el Estado, 0,2% para la Seguridad Social, 0,1% para las comunidades autónomas y déficit cero para los ayuntamientos.
La nota emitida por Hacienda insistía en el argumento de que el Estado asume en esta senda fiscal tres décimas de ajuste que de otro modo -en referencia a la posibilidad de que se vuelva a la senda de consolidación fiscal remitida a Bruselas en abril- tendrían que digerir comunidades autónomas, que pasarían a tener un objetivo de equilibrio presupuestario, y corporaciones locales, a las que se exigiría un superávit del 0,2%.
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