Montero ingresará la mitad de lo previsto con el impuesto energético

Lo único que han dicho varios miembros del Gobierno es que el modelo italiano aplicado a las energéticas les parece interesante. Allí gravan con un 25% el incremento de los beneficios obtenidos entre dos periodos: 1 de octubre de 2020-31 de marzo de 2021 y 1 de octubre de 2021-31 de marzo de 2022.

En nuestro país, se compararán los datos anuales de 2021 y de 2022. ¿Pero qué cifras o parámetros? Porque si Hacienda aplica el impuesto con un porcentaje similar al italiano -ya que todavía no se sabe cuánto será aquí- al incremento de los beneficios o de la facturación de las energéticas, recaudaría solo unos mil millones de euros, la mitad de lo previsto (2.000 millones) cada año.

Si recordamos los beneficios obtenidos por la tres mayores compañías energéticas (Iberdrola, Repsol y Endesa) en 2021 y los comparamos con sus previsiones para 2022, la más afectada sería la petrolera, ya que el año pasado ganó 2.499 millones y este podría alcanzar los 5.000 millones. Con un impuesto del 25% tendría que pagar más de 600 millones de euros. No hay que olvidar que la petrolera que preside Antonio Brufau registró en 2020 unas pérdidas de 3.289 millones de euros.

La posible aportación de esta compañía nada tendría que ver con la de las otras dos eléctricas. El beneficio de Endesa en 2021 fue de 1.435 millones y en 2022 espera unos 1.800 millones. Abonaría unos 90 millones de euros. Iberdrola pagaría menos, unos 80 millones, ya que el año pasado ganó 3.885 millones y para este prevé unos 4.200 millones. Del resto de empresas energéticas Hacienda obtendría unos ingresos muy pequeños en línea con sus tamaños y balances.

Si tomamos como referencia el ebitda (margen bruto de explotación sin intereses, impuestos y amortizaciones), sucede algo parecido. Empezando porque Endesa espera este año un ebitda de 4.100 millones, inferior a los 4.278 millones de 2021. En este caso, Hacienda no rascaría nada. En Iberdrola recaudaría unos 75 millones, ya que el ebitda en 2021 fue de 12.000 millones y para este año prevé unos 12.300 millones.

También en este supuesto sería Repsol la peor parada y podría verse obligada a abonar unos 500 millones si alcanza en 2022 los 10.000 millones, frente a los 8.170 millones de 2021.

Como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo en el debate del estado de la nación que el nuevo impuesto se aplicaría a las compañías energéticas 'dominantes' (las que tienen mayor cuota en sus respectivos mercados), las afectadas serían Endesa, Iberdrola, Naturgy, la francesa TotalEnergies, la portuguesa EDP, Repsol, Cepsa, BP España, Península Petroleum, Petronieves y Disa.

Hay que recordar que solo las empresas eléctricas que operan en España pagaron 3.910 millones de euros por impuestos estatales, autonómicos, así como tasas y cánones locales en 2020. En total, fueron 43 las figuras impositivas distintas, según un informe elaborado por EY y la fundación Naturgy en el que no están incluidos ni el impuesto de Sociedades ni el IVA.

Los expertos consultados también destacan que Hacienda tendrá que 'hilar muy fino' con el nuevo impuesto, ya que no es lo mismo gravar las actividades reguladas de las compañías eléctricas (negocios de transporte y distribución), que las liberalizadas (generación y comercialización). También hay serias dudas legales de si el gravamen podría aplicarse a los beneficios o ebitda generado por las compañías energéticas en otros países.

Las eléctricas españolas están presentes en 40 naciones, donde en 2021 sumaban un inmovilizado de 100.000 millones y una cifra de negocios de casi 60.000 millones, según un informe de Deloitte y la fundación Naturgy. De hecho, de los 8.504 millones de euros de beneficios del sector el año pasado, 4.888 millones procedieron del exterior.

Mientras en el seno de ese ministerio están estudiando asimismo los modelos de impuestos que sobre las energéticas se han aprobado, además de la mencionada Italia, en el Reino Unido y Grecia, las compañías españolas han puesto el grito en el cielo.

Algunas, incluso, han echado balones fuera. Es el caso del vicepresidente de Iberdrola España, Antonio Miguel Carmona, que considera que el impuesto se circunscribe únicamente a petroleras y gasistas, dada la reducción de beneficios que han experimentado las compañías eléctricas en España. «Entendemos que este impuesto es a las petroleras y a las gasistas, que representan el 75% de la energía. Nosotros, muy al contrario, tenemos un recorte de resultados en España por el encarecimiento del gas y al tener el 80% de la demanda eléctrica vendida a precio fijo. Entendemos, pues, que están hablando de un impuesto a las petroleras y a las gasistas que representan, insisto, el 75% de la energía vendida en España».

El sector petrolero ha asegurado que «no se puede hablar de beneficios extraordinarios» y ha recordado que en este negocio «los márgenes son cíclicos y no hay que olvidar las pérdidas que se produjeron en 2020 de miles de millones de euros entre las compañías que operan en el país».

Fuentes de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) -patronal de la que forman parte Repsol, Cepsa y BP, entre otras compañías- recordaron el compromiso de las empresas del sector con la actual coyuntura a través de la bonificación a los carburantes aprobada por el Gobierno. Asimismo, destacan que en este sector las inversiones «se hacen a riesgo, no hay una tarifa regulada que asegure su rentabilidad, y gracias a estas inversiones gozamos de una alta seguridad de suministro en un contexto muy complicado para otros países europeos que no hicieron la apuesta por el refino».

Además, subrayan que gracias a estos beneficios van a poder acometer «las inversiones que son necesarias para alcanzar la neutralidad climática».

El sector gasista también ha criticado con dureza este nuevo impuesto. Desde la patronal Sedigas han mostrado su «preocupación» por una medida que considera que genera «inseguridad jurídica por su naturaleza retroactiva» y cuyos efectos «distan de estar claros». También critica que la implantación del nuevo tributo al sector podría motivar conflictos con inversores y procedimientos arbitrales de larga duración que podrían terminar trasladándose a las finanzas públicas. «Todo ello sin perjuicio del efecto sobre la competitividad de nuestro sector derivada de una competencia fiscal desleal frente a terceros».

La asociación afirma que «necesitamos medidas de reactivación y protección de la economía, no de penalización o castigo. Es inexplicable y preocupante la retórica beligerante contra las empresas energéticas utilizada en el anuncio de este nuevo gravamen, que ignora el compromiso histórico y el papel fundamental de estas compañías para garantizar el bienestar económico y social».