Montero abre una guerra con los altos directivos del Estado por el ascenso exprés de funcionarios

Gobierno y sindicatos justificaron los cambios por la necesidad de cubrir las numerosas vacantes generadas en unos cuerpos superiores muy envejecidos, de acabar con la recurrencia de que muchas de esas convocatorias queden finalmente desiertas por la exigencia de las pruebas de acceso y por la necesidad no menor de garantizar una carrera profesional a los empleados públicos que empiezan desde abajo en la escala funcionarial.

El documento circulado por los inspectores de Hacienda traslada lo que constituye la opinión mayoritaria de los principales cuerpos de élite de la Administración del Estado, entre los que se cuentan los influyentes técnicos comerciales del Estado -al que pertenece por ejemplo la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, y que llegaron a tener media docena de ministros y altos cargos en el primer gobierno de Mariano Rajoy-, los inspectores de Seguridad Social, los interventores de Hacienda o el cuerpo diplomático, muy preocupados por el potencial deterioro que la rebaja del estándar de exigencia para acceder a los cuerpos que ocupan los principales puestos directivos en la estructura no política de la Administración del Estado puede desencadenar en la calidad del servicio público que se presta en la actualidad.

Hace ahora un año, las cinco asociaciones profesionales que representan a los inspectores de Hacienda, los técnicos comerciales del Estado, el cuerpo diplomático, los abogados del Estado y los interventores de Hacienda -autodenominados los 'big five' y que representan probablemente a los cinco cuerpos con mayor peso específico en la Alta Dirección del Estado- firmaron un escrito oponiéndose frontalmente a cualquier cambio en los mecanismos de promoción interna de la carrera y advirtiendo del deterioro de la calidad de la Función Pública que ello traería.

Esto dinamitó los intentos de cimentar una posición de consenso para negociar con el Gobierno por parte de Fedeca, la plataforma que aglutina a los 40 colectivos que configuran la élite de la Administración, y abrió una división interna que no sólo no se ha cerrado, sino que se ha agravado.

Por un lado, el ala crítica, encabezada por los llamados 'big five' y en la que se alinean otros cuerpos altamente especializados como los inspectores de Trabajo y Seguridad Social o los estadísticos superiores del Estado. Por otro, los más abiertos a modernizar tanto los procedimientos de acceso a la Administración como la promoción interna, con los Administradores Civiles del Estado (los llamados TAC, a los que pertenece el exdirector de Función Pública, jefe de gabinete de la secretaria de Estado de Función Pública e ideólogo de la reforma, Javier Rueda) y los técnicos superiores de sistemas y tecnologías de la información (TIC) a la cabeza, cuerpos con unas funciones más transversales.

Las controversias entre unos y otros respecto al futuro de la Administración se trasladaron a las elecciones por la presidencia de Fedeca, celebradas el pasado martes y en las que compitieron dos listas que a grandes rasgos venían a representar las posiciones enfrentadas entre los cuerpos superiores del Estado. Y fue la posición más crítica con el enfoque del Gobierno la que logró un respaldo mayoritario, lo que augura curvas en una fase en la que no solo habrá que convocar varios procesos de selección bajo los polémicos criterios pactados por Hacienda con los sindicatos, sino que se dirimirá la nueva Ley de Función Pública y posiblemente la regulación de la figura del directivo público.

El clima de conflicto es indisimulable. La organización de Inspectores de Hacienda del Estado, erigida en portavoz de la corriente crítica, dirigió el pasado martes una carta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reclamando la ruptura del acuerdo y la apertura de un proceso de diálogo que incluya a los cuerpos superiores para negociar una reforma consensuada, y advirtiendo de que de no atenderse estas peticiones «se tomarán todas las medidas oportunas a nuestro alcance para evitar la muerte de una Administración profesional e independiente».