Las empresas tardan hasta 10 años en lograr los permisos para instalar redes eléctricas

Naturgy es la principal gasista española, pero también juega un papel relevante en el sector eléctrico. Junto a Iberdrola y Endesa controlan la mayor parte de las redes de distribución. Una infraestructura que se ve impactada de lleno por el despliegue renovable, y aunque el Ejecutivo no parece tenerlo claro.

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La directora de Redes Eléctricas en España de Naturgy, Mónica Puente, asegura en conversación con ABC que «las redes eléctricas, a día de hoy, están preparadas para afrontar los retos de la transición energética, entre otras cosas porque empezaron su digitalización hace 15 años; por ejemplo, en 2010 ya se empezó con los contadores inteligentes en los hogares. Esto significa que somos capaces de conocer en tiempo real lo que pasa en los hogares».

El problema es que las redes deben estar preparadas para la incorporación exponencial de las renovables durante la próxima década. Y aquí surgen las diferentes formas de entender el desarrollo energético entre las empresas y el Gobierno.

Explica Mónica Puente que «el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) establece unos objetivos muy ambiciosos. En el caso de las redes hay unos objetivos de inversión de 53.000 millones de euros de 2023 a 2030. Pero la inversión en las redes de distribución actual es menos de la mitad de la que tiene el plan energético».

Argumenta la directiva de Naturgy que «tendríamos que multiplicar por dos la inversión en redes para cumplir los objetivos de descarbonización». El conflicto, por el momento, está enquistado.

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Las grandes distribuidoras eléctricas aseguran que se debe invertir más en redes eléctricas e infraestructura para garantizar que las renovables se acoplan al sistema. Algo, por otra parte, que es una exigencia del Gobierno. Sin embargo, estas inversiones tienen un tope que pone el propio Ejecutivo que está referenciado al PIB.

En materia regulatoria, las eléctricas también se topan con la Comisión Nacional de de los Mercados y la Competencia (CNMC). Este organismo es el que fija el volumen de dinero que se llevan las empresas —y que sale de la factura de la luz— por la gestión de las redes. Se ejecuta en planes plurianuales, y ahora mismo se está negociando el periodo 2026-31. Las empresas entienden que esta denominada tasa de retribución financiera también debe subir.

El conflicto está servido. El Gobierno y la CNMC limitan el volumen de inversiones y la cantidad de dinero, y en paralelo aumentan los objetivos en materia renovable con un PNIEC muy ambicioso. Las empresas, por su parte, deben afrontar este escenario con dichas inversiones capadas y teniendo que anticipar las inversiones que, a su vez, no son acordes con los propios planes. Pero no es la única contradicción.

Según explica Mónica Puente, hay otra situación que preocupa a las compañías de distribución. Los plazos para el desarrollo de infraestructura se ha convertido en un problema. «Tiene que haber un marco regulatorio que incentive la inversión, pero también tiene que dar tiempo a ejecutar esa inversión».

El problema es que una línea aérea atraviesa territorios que tienen impacto medioambiental, y por lo tanto requieren permisos, y requiere expropiación de terrenos, con sus pertinentes permisos. Esto, «y los plazos de una tramitación de una línea aérea, a veces con tramos provinciales y autonómicos, puede llegar a irse a los 10 años, aunque la ejecución apenas lleva uno o dos años», argumentan desde Naturgy.

La reivindicación es simple: «Pedimos a la administración que agilice los plazos de los permisos, porque me puedes dotar de un contexto de inversión favorable, y de un marco regulatorio estable, y se puede invertir más, y además con una rentabilidad razonable, que es lo que pedimos, pero si no agilizan los plazos, a lo mejor te lo hago en 2040, pero no para cuando marca el PNIEC, que es en 2030».

Por si no fuera suficiente la pelea con la administración para que se reconozca el valor de las redes eléctricas, el sector en su conjunto se enfrenta con el fraude galopante de los enganches ilegales a la infraestructura. En primera persona, Naturgy aumentó en 2023 la cantidad de energía recuperada mediante la persecución de fraudes eléctricos en su red. A través de un total de 44.000 actuaciones, la compañía logró recuperar el pasado año energía consumida de forma fraudulenta por un volumen de 152 GWh, un 44% más que el año anterior. Esta cantidad es equivalente al consumo de 47.000 hogares. Según algunas estimaciones, este coste rondaría los 2.000 millones de euros anuales.

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«El fraude es algo que nos debería preocupar a todas las distribuidoras, independientemente de nuestras zonas donde ofrecemos servicio», sentencia Mónica Puente. «El fraude eléctrico, en primer lugar, supone un problema de seguridad. No estoy segura hasta qué punto los consumidores son conscientes de que una instalación que está sujeta a fraude eléctrico, es una instalación insegura».

El problema se ha generado a la hora de abordarlo legalmente. «Se ha producido desde 2018 un aumento del fraude de fluido eléctrico. Esto es un delito penal, sin embargo, si esta actividad, por ejemplo, se produce por los enganches de plantaciones de marihuana, se trata de un delito contra la salud pública». Algo que se encara con distintas penas, y supone un problema.