Moncloa amarra el 'sí' a la reforma de pensiones pese a las críticas por el rodillo en las negociaciones

Sin embargo, no bastó prolija exposición del ministro Escrivá sobre el impacto de las medias que serán aprobadas en las próximas horas -en el Consejo de Ministros extraordinario del jueves- para saciar las dudas y críticas, no solo de los partidos de la oposición, sino también de los mismos grupos que previsiblemente permitirán aprobar la ley. «No vamos a permitir que España deje de recibir los fondos europeos», señalaba Ana Oramas de Coalición Canaria durante su intervención en la que, no obstante, criticó con dureza el proceder del Ejecutivo.

De hecho, pese a que Escrivá se esforzó en despejar dudas sobre ciertos aspectos que no han quedado claros en los últimos días tras haber vuelto de Bruselas con un acuerdo bajo el brazo, los partidos políticos que votarán afirmativamente criticaron la falta de tiempo para poder analizar las medidas propuestas. Néstor Rego, de BNG, censuró que una reforma estructural, clave para el futuro socioeconómico del país se debata con los partidos con unas «diapositivas de Power Point horas antes de que se apruebe«.

«No cree en el consenso político», señalaba en esta línea el parlamentario de Vox, Pablo Sáez, quien señaló que llevar un acuerdo de reforma a una comisión destinada precisamente a acordar las medidas de actuación sobre el sistema público de pensiones. «Es una completa irresponsabilidad«, señalaba subrayando que además de hurtar el debate a los grupos aplicará medidas que golpearán al mercado laboral al conllevar un incremento de los costes sobre el empleo.

Cabe recordar que ante la imposibilidad de acordar el segundo paquete de medidas en la mesa de diálogo social con patronal y sindicatos, el Gobierno acudió a Bruselas para tratar de modular la oferta. La cuestión es que ni patronal ni sindicatos reconocían entre las recomendaciones del Pacto de Toledo ni la ampliación del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión y el destope de las bases máximas.

Y es por ello que sobre esa premisa, el Gobierno no se ha planteado convocar los partidos para modular la propuesta sobre el mandato del Pacto de Toledo. «No nos enviado ni el decreto ni los borradores», señalaban fuentes parlamentarias a ABC asegurando que la única documentación sobre el contenido e impacto de la reforma son las diapositivas impresas que recibieron minutos antes del comienzo de la comisión.

No en vano, el ministro Escrivá confirmó tras escuchar las intervenciones de los diferentes grupos que el real decreto ley será tramitado como proyecto de ley en el Congreso para así recoger las aportaciones de los grupos, principalmente, que darán vida a la ley en los próximos quince días cuando se lleve a cabo la sesión de convalidación.

En este punto, el principal partido de la oposición, el PP, confirmó que rechazará la aprobación de esta parte de la reforma de pensiones por este mismo motivo de haber soslayado el debate con los grupos, más grave si cabe con el principal partido de la oposición. «Es una vergüenza que lleve usted ocho meses sin comparecer en esta Comisión», señalaba el diputado del PP, Tomás Cabezón, sobre el calendario de la reforma.

«Hay portavoces parlamentarios de primera y de segunda, lamentablemente», apuntaba también María Muñoz de Ciudadanos por el hecho de que haya parlamentarios que llegaron a la comisión del Pacto de Toledo habiendo podido leer el borrador de medidas, mientras que otros como ella no.

Cabezón, por su parte, también puso sobre la mesa que al margen del procedimiento unilateral del Ejecutivo para con los partidos, la improcedencia del modelo planteado que elevará los costes laborales en un contexto de desaceleración económica. «Cargan a los trabajadores y a los empresarios un auténtico impuestazo a la creación de empleo y a la competitividad de nuestro país y que ustedes, encima, digan que es que los empresarios no aportan nada«, señalaba.

Además, el PP hizo hincapié en estas posturas contrapuestas recordando que el BBVA señala ya en sus primeros balances que las medidas introducidas en la reforma podrían llevarse por delante hasta 200.000 puestos de trabajo.

Aunque Escrivá quiso poner en valor el hecho de haber llegado a un entendimiento con Bruselas que permitirá superar el examen de la Comisión durante la próxima primavera y la llegada de los 10.000 millones de euros correspondientes al cuatro tramo de ayuda de fondos europeos, en la presentación de las medidas sí que asumía, en línea con el informe preliminar publicado por Fedea, que las actuaciones sobre los ingresos permitirán en el mejor de los casos ingresar un punto porcentual del PIB, unos 13.000 millones de euros, si bien la senda de subida de las prestaciones con el IPC elevaría la factura anual en más de 50.000 millones de euros.

Con todo y con la confirmación de que el trámite incluirá articulación como proyecto de ley, parece que el Gobierno ya tiene amarrados los apoyos parlamentarios habituales para sacar adelante la reforma, tras la validación de Unidas Podemos y el concurso del resto de partidos que sostienen a la coalición en el Congreso.