El mercado eléctrico español: entre la libre competencia y la política
El Gobierno, junto a Competencia, tienen la capacidad de intervenir en todas las fases del negocio energético
La distribución centra las mayores polémicas: empresas privadas hacen un trabajo de gestor público
En 2022, cuando Rusia invadió Ucrania, el conflicto derivó en una grave crisis de precios energéticos que afectó a toda Europa, incluida España. Los consumidores tuvieron que aprender a marchas forzadas los tipos de tarifas que había en el mercado, y cuál iba mejor para ... el bolsillo. Ahora, tras el apagón del 28 de abril, los españoles han tenido que hacer un curso acelerado sobre el sistema eléctrico español. Aunque la situación es diferente. En este caso confluyen intereses públicos y privados, así como un marco normativo y regulatorio que, a veces, condiciona por completo la manera de actuar de las compañías energéticas.
Todavía se desconocen las causas del gran apagón. Tres semanas después se intuye dónde estuvo la raíz del problema, pero el entramado eléctrico es tan complejo que se tardará tiempo en descifrar las claves de un enigma que, además, tendrá piedras en el camino puestas con la intención de que no todo salga a la luz.
Hasta entonces, es fundamental entender cómo funciona la red eléctrica, y quiénes intervienen en cada fase de la cadena. Desde que un consumidor enciende la luz de su hogar, o una industria pone su producción en marcha, se activa un proceso de alto valor económico y gran complejidad.
La producción
La primera fase es la generación de electricidad. Aquí, empresas privadas pueden desarrollar proyectos por todo el territorio nacional. No obstante, como es el caso de las renovables, solar —fotovoltaica y termosolar— y eólica, se buscan regiones con potencial para esta tecnología. Las otras tres grandes fuentes de producción son la nuclear —en España hay cinco centrales en manos de Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP—, y las centrales de ciclo combinado, que usan gas para producir electricidad. También, como alternativa renovable, está la hidráulica, una tecnología muy madura y de la que no se esperan nuevas instalaciones, aunque el bombeo (almacenamiento) también es clave en todo este entramado de la producción de electricidad.

Cómo se gestiona
el sistema eléctrico español
Qué función tienen las empresas
privadas y el Gobierno
Producción
Renovables
Hidraulica
Nuclear
Empresas
Los promotores tienen libertad para desarrollar proyectos.
Pueden decidir en qué tecnología invertir.
Gobierno
Decide la planificación eléctrica, y marca la agenda como en el caso de la nuclear.
Otorga los permisos medioambientales y de construcción para los grandes proyectos.
Transporte
Alta tensión
400 kW
Empresas
Todo está en manos de Red Eléctrica.
Gobierno
El Ejecutivo controla la retribución de las redes.
Tiene el control del consejo de administración.
Distribución
Media tensión
200 kW
Empresas
Deciden, en los lugares asignados, la tipología de redes que instalan.
Pueden llegar a acuerdos con
industrias para ofrecer acceso eléctrico directo.
Gobierno
Controla la retribución que cobran por gestionar las redes.
Ponen el límite máximo que pueden invertir en la infraestructura.
Comercialización
Empresas
Cualquiera puede crear una sociedad y comercializar electricidad.
Se pueden fijar promociones y tarifas para la captación de clientes.
Gobierno
El Ejecutivo controla qué empresas pueden ofrecer la tarifa regulada.
Fija el marco normativo y sancionador.
Fuente: Elaboración propia
ABC

Cómo se gestiona el sistema eléctrico español
Qué función tienen las empresas privadas y el Gobierno
Empresas
Gobierno
E
G
Renovables
Servicios
Nuclear
Consumo
industrial
Hidraulica
Consumo
doméstico
Alta tensión
Media tensión
400 kW
200 kW
Producción
Transporte
Distribución
Comercialización
E
E
E
E
Todo está en manos de Red Eléctrica.
Los promotores tienen libertad para desarrollar proyectos.
Pueden decidir en qué tecnología invertir.
Deciden, en los lugares asignados, la tipología de redes que instalan.
Pueden llegar a acuerdos con
industrias para ofrecer acceso eléctrico directo.
Cualquiera puede crear una sociedad y comercializar electricidad.
Se pueden fijar promociones y tarifas para la captación de clientes.
G
El Ejecutivo controla la retribución de las redes.
Tiene el control del consejo de administración.
G
Decide la planificación eléctrica, y marca la agenda como en el caso de la nuclear.
Otorga los permisos medioambientales y de construcción para los grandes proyectos.
G
G
El Ejecutivo controla qué empresas pueden ofrecer la tarifa regulada.
Fija el marco normativo y sancionador.
Controla la retribución que cobran por gestionar las redes.
Ponen el límite máximo que pueden invertir en la infraestructura.
Fuente: Elaboración propia
ABC
Este negocio está liberalizado, y cualquier empresa o fondo puede invertir. No obstante, el Gobierno es quien diseña la planificación eléctrica de España con la asesoría de Red Eléctrica. Por tanto, no se podría construir un parque solar en una zona que no tuviera accesos al sistema. De igual modo, y en manos de la administración, está toda la burocracia en el desarrollo normativo y regulatorio, así como la aprobación de los permisos de índole medioambiental o de construcción.
El transporte
Una vez que tenemos electricidad toca llevarla a las empresas, las industrias y los hogares. Toda la operación del sistema recae en Red Eléctrica, gestor del sistema, que pertenece al grupo empresarial Redeia. Todas las miradas —tras el apagón— se han centrado en la compañía que preside Beatriz Corredor porque, en última instancia, es quien controla toda la red.
No obstante, Red Eléctrica está en manos del Gobierno —20% del capital— a través de la SEPI. Y no solo eso. La retribución a las redes, es decir, el dinero que percibe para la inversión de la infraestructura, también viene con el beneplácito del Gobierno tras una desarrollo que ejecuta la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
La red de transporte de Red Eléctrica la forman más de 44.000 kilómetros de líneas de alta tensión y más de 6.000 posiciones de subestaciones. Finalmente, la electricidad llega a su destino: las subestaciones de las distribuidoras eléctricas, donde empieza la siguiente fase.
La distribución
En España existen más de 300 distribuidoras, pero no se pueden crear nuevas ya que es una actividad no liberalizada. No obstante, la principal tarea de esta parte del sistema la llevan entre cinco grandes empresas: Iberdrola, Endesa, Naturgy, EDP y Viesgo.
Su labor consiste en trasladar la electricidad que venía en las redes de transporte, a menor tensión, a los consumidores finales. En principio, las compañías tienen asignadas unas regiones de actuación. Por ejemplo, Iberdrola opera en Castilla y León y parte del Levante; Endesa en Cataluña y Andalucía; y Naturgy en el centro peninsular y Galicia.
Esta actividad está muy regulada por el Gobierno y la CNMC. De hecho, a nivel económico depende de la retribución que recibe por parte de la administración, y también tiene unos topes al dinero que puede gastar.
En los últimos años las empresas distribuidoras reclaman que se debe ampliar este margen para poder invertir en la integración de las renovables. Una de las posibles causas del gran apagón.
La comercialización
El último eslabón de la cadena, ese momento mágico en el que se hace la luz, es el que tiene mayor margen de maniobra para las empresas privadas. El negocio de la comercialización está liberalizado y cualquier compañía puede crear una empresa para vender luz. Pese a todo, sobre el 80% de los contratos están en manos de Iberdrola, Endesa y Naturgy, aunque desde hace tiempo hay un nuevo actor, Repsol, que quiere meter presión.
También han surgido empresas de grandes grupos internacionales como TotalEnergies o Plenitude, que reclaman su parte del pastel, o nuevos entrantes de otro sectores, caso de Masorange; o comercializadoras independientes: Feníe Energía, Factorenergía, Energya VM, Audax…
Estas compañías compiten en igualdad de condiciones, al menos a la hora de fijar los precios y promociones. No obstante, el Ejecutivo tiene un papel importante en este negocio: la creación de la tarifa regulada (PVPC) que, como principal característica, solo pueden ofertar una serie de compañías. Asimismo, los poderes públicos junto a Competencia se encargan del régimen sancionador y supervisor de las comercializadoras.
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