Límite de compra a extranjeros, exención fiscal a quien respete el índice de precios... Las medidas del Gobierno para facilitar el acceso a la vivienda

Se transferirán más de 3.300 viviendas y casi 2 millones de metros cuadrados de suelo residencial a la nueva empresa pública para construir miles de viviendas protegidas destinadas al alquiler asequible.

A lo largo de este primer semestre del año, la Empresa Pública de Vivienda empezará a incorporar las más de 30.000 viviendas que actualmente tiene la SAREB, 13.000 de ellas de forma inmediata.

Se establecerá un mecanismo legal para que la nueva Empresa Pública de Vivienda tenga prioridad en la compra de viviendas y de suelos, y otro para garantizar que toda la vivienda construida por el Estado mantenga indefinidamente su titularidad pública.

Se creará un nuevo Proyecto Estratégico del Plan de Recuperación, un PERTE de Viviendas, destinado a impulsar la innovación y modernización del sector de la construcción industrializada y modular para acortar los plazos. Éste estará ubicado en la provincia de Valencia para contribuir a la reconstrucción de la zona tras la DANA.

Se creará un nuevo sistema de garantías públicas que protegerán tanto a los propietarios como a los inquilinos que participen en alquiler asequible.

Se lanzará un programa de rehabilitación de viviendas vacías para destinarlas al alquiler a precio asequible.

Se promoverá en el Congreso la aprobación de una exención fiscal del 100% del IRPF para aquellos propietarios que alquilen su vivienda según el Índice de Precios de Referencia, sin necesidad de que estos se encuentren en zonas declaradas tensionadas.

Se promoverá una reforma fiscal para que los pisos turísticos tributen como un negocio, impulsando de forma paralela la aplicación de una fiscalidad al alquiler turístico que lo equipare al de otras actividades económicas.

Se cambiará el régimen de ventajas fiscales que tienen las llamadas Socimis para que solo se apliquen a la promoción de vivienda en alquiler asequible

Se limitará la compra de viviendas por parte de extranjeros extracomunitarios no residentes para evitar la especulación.

Se endurecerá la regulación para que se persiga el fraude en los alquileres de temporada y creará un fondo para que los gobiernos autonómicos y municipales pueden reforzar las inspecciones.

Se mantendrá y aumentarán los programas de ayuda que estarán recogidos en un nuevo Plan Estatal de Vivienda, que se presentarán próximamente para su entrada en vigor en 2026.