La ley de Dependencia empuja a la mujer al cuidado familiar

El informe del organismo presidido por Antón Costas, que acaba de ser aprobado esta semana, avisa de que la adaptación de la norma a las «nuevas realidades convivenciales», en referencia al texto del anteproyecto, es positiva. Pero apunta: esta transición «debe hacerse con la garantías necesarias de calidad y profesionalización de los cuidados y los derechos de las personas ciudades, mayoritariamente mujeres», para mantener el propio espíritu de la ley de dependencia y siempre «con la perspectiva de género que en ella impera».

Estos reparos del CES son algunos de los principales 'peros' que le ponen los agentes sociales a la norma impulsada por el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy. Esa ley pretendía «reorganizar los servicios ofrecidos para centrarlos en la persona en lugar de ofrecerlos según un modelo asistencialista desarrollado en grandes residencias». Y para ello propone ampliar la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, «permitiendo que se reconozca también cuando el cuidado lo presten personas allegadas, respondiendo así a las necesidades de las personas que viven solas o con otras convivencias».

El dictamen del CES va en la línea de las críticas vertidas por la CEOE en las últimas semanas en torno a esta norma por el impacto que puede tener sobre el empleo femenino. La patronal considera que hay iniciativas legislativas extraordinariamente «preocupantes», como ésta de la Dependencia. Se trata de una reforma que, a juicio de los empresarios, «aumentará exponencialmente el número de cuidadores no asalariados, al eliminar el requisito de parentesco y convivencia».

Actualmente hay casi 100.000 afiliados a la Seguridad Social a través de convenios especiales en este régimen especial. Y la mayoría son mujeres. En concreto, junio cerraba con 87.974 trabajadores con convenio colectivo especial en la modalidad de cuidadores no profesionales. Este colectivo representa casi la mitad de 193.292 afiliados incluidos en algunos de esos regímenes especiales.

De hecho, se considera que son las mujeres a las que se les dirige a realizar estos cuidados, aunque en la ley no lo especifiquen así, porque la realidad social y familiar es clara en este sentido: más del 80% de las jornadas parciales por cuidados son femeninas. Y las excedencias laborales que se solicitan como permisos para estas labores, también son de ellas. Con una norma que desprofesionaliza esta realidad, las mujeres pueden verse mucho más perjudicadas.

En este sentido, al CEOE considera que «pese a los avances legislativos en corresponsabilidad, las mujeres siguen asumiendo mayoritariamente las cargas del cuidado familiar, lo que explica el diferencial en horas de trabajo y con ello la brecha salarial y prestaciones. «Esta desigualdad estructural, lejos de corregirse, podría agravarse con el envejecimiento de la población y un sistema de incentivos que no contempla adecuadamente la distribución desigual de las responsabilidades familiares», indica.

Las organizaciones empresariales piden un sistema profesionalizado y sostenido en la colaboración público-privada, que reconozca el valor económico y social del cuidado y garantice empleo digno en el sector. «Si no se actúa con decisión, el peso del cuidado volverá a recaer en el ámbito doméstico, y dentro de éste, sobre las mujeres», insisten.

La directora del departamento de Empleo de CEOE, Rosa Santos, insistió en estas advertencias el pasado lunes durante su comparecencia ante la comisión del Pacto de Toledo en el Congreso. «El modelo de cuidados es un asunto nuclear», indicó a los diputados. «De su diseño dependerá la calidad de las prestaciones y el grado real de igualdad de hobres y mujeres», apuntó. «Si no actuamos el riesgo es evidente, porque si no actuamos, el peso del cuidado volverá a desplazarse al entorno doméstico y dentro de este a las mujeres».