Veto a los vuelos cortos, autobús con menos paradas e impulso del coche eléctrico: claves de la nueva ley de movilidad

La ley de movilidad sostenible está concebida con la finalidad de convertir la movilidad en un derecho del ciudadano y de avanzar en la descarbonización del transporte, entre otros objetivos. En este último punto sale a relucir el veto a los vuelos cortos en aquellas rutas en las que exista una alternativa ferroviaria con una duración menor de dos horas y media, exceptuando a los trayectos con origen o destino a un 'hub' internacional, es decir, a Madrid-Barajas o Barcelona-El Prat, por lo que en cualquier caso el número de vuelos que puede suprimir la medida es residual o afecta a rutas que a día de hoy ninguna aerolínea ejecuta.

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Con ese objetivo de priorizar a modalidades de transporte menos contaminantes como el tren, la ley también se abre a recuperar los servicios nocturnos ferroviarios tras su desaparición paulatina en las últimas décadas. De este modo, la norma contempla la posibilidad de estudiar la recuperación de aquellos servicios que «sean viables en términos medioambientales, sociales y económicos». En el caso del ferrocarril de mercancías, el objetivo es sacar al camión de la carretera y meterlo en el tren, con la implantación de autopistas ferroviarias de en corredores estratégicos del territorio español o el establecimiento de un sistema de bonificaciones en los cánones ferroviarios.

También hay grandes cambios para el transporte terrestre por carretera. En la norma se introduce el nuevo mapa concesional del autobús del que dependen las rutas estatales y que ha sido confeccionado por el Ministerio de Transportes como titular de las mismas. El nuevo modelo pretende eliminar las paradas menos rentables para reducir el tiempo de trayecto y abaratar el viaje, pero que estas sean asumidas por las comunidades autónomas a cambio de compensaciones económicas, lo que ha enfrentado al Gobierno con las regiones en manos del PP, que entienden que esto supondría el abandono de pequeñas poblaciones que se quedarían sin alternativa de transporte público.

La otra medida estrella de la ley es la que obliga a las empresas con más de 200 trabajadores (inicialmente iban a ser 500, pero PSOE y Sumar pactaron rebajarlo) a ofrecer planes de movilidad sostenible a sus empleados, que deberán negociarlo con los representantes de los trabajadores. Estos planes deberán incluir soluciones para «el impulso de la movilidad activa, el transporte colectivo, la movilidad de bajas emisiones, soluciones de movilidad tanto compartida como colaborativa, soluciones para facilitar el uso y recarga de vehículos cero emisiones, el teletrabajo en los casos en los que sea posible, entre otros» se apunta en el texto de la norma.

Para su elaboración, deberán tener en cuenta el plan de movilidad sostenible de la entidad local en cuyo ámbito territorial se ubique el centro del trabajo y tendrán 24 meses desde la entrada de la ley para ponerlo en marcha.

'In extremis', Unidas Podemos (a cambio de su abstención) ha pactado con el PSOE introducir en la norma reforzar las exigencias medioambientales para la ampliación de El aeropuerto de Barcelona-El Prat, que retrasarán el comienzo de las obras, al menos, hasta después de 2031, según ha deslizado la secretaria general de Unidas Podemos, Ione Belarra, tras la aprobación de la ley. Sin embargo, según el ministro de Transportes, Óscar Puente, el acuerdo aborda la elaboración de un informe «que permite que el plan director del aeropuerto cuente con todos los avales y requerimientos del acuerdo FITFOR55 -la hoja de ruta europea para la descarbonización del transporte-, pero «no supone ninguna variación en los plazos» ni el proyecto de ampliación desaparece del plan de inversiones de Aena para el quinquenio 2027-2031 (DORA III) según el titular del ramo.

Esta norma, en materia energética, tiene un mandato superior: la reducción de las emisiones contaminantes. De igual forma, y precisamente para conseguir el anterior objetivo, el vehículo eléctrico es la piedra de bóveda.

Para ello, una de las claves es el «establecimiento de puntos de recarga eléctricos en carreteras, mediante su instalación en gasolineras o el establecimiento de estaciones de recarga eléctrica rápida y ultrarrápida —electrolineras— suficientes y necesarios para que la electromovilidad, especialmente en larga distancia y transporte de mercancías, se desarrolle con normalidad en todo el territorio». Con la infraestructura necesaria, el coche eléctrico arrancará como es debido.

Asimismo, en materia de reducción de emisiones, la norma dispone del «uso y suministro de fuentes de energía alternativas en puertos». Es algo esencial para que los barcos en puerto no contaminen.

De igual modo, y en plena guerra por las redes eléctricas, esta ley viene a impulsar las conexiones para los grandes demandantes.