La Abogacía General del Estado había solicitado al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) la anulación del laudo arbitral dictado a favor de los intereses de RWE invocando el derecho europeo y el principio general de que los conflictos entre empresas y países de la Unión deben ser resueltos en la jurisdicción interna, por lo que argumentaba que el tribunal arbitral se había extralimitado en sus facultadas.
El panel de juristas acordado por el Gobierno español y RWE en el marco jurisdiccional del Ciadi rechaza el recurso de la Abogacía del Estado y recalca que el hecho de que exista un marco regulatorio común europeo no exime a España de cumplir sus compromisos en materia de derecho internacional, como país firmante del Tratado de la Carta de la Energía, según informan fuentes conocedoras de la resolución.
Una factura millonaria
España acumula 26 condenas por la retirada retroactiva de las primas a renovables, que suman una cuantía agregada de 1.800 millones de euros en concepto de indemnizaciones, condenas a costas, honorarios de los abogados y por intereses de demora.
Como ya informó ABC, la estrategia del Gobierno de negarse a pagar los laudos internacionales que condenan a nuestro país por la retirada retroactiva de las primas a las energías renovables está generando importantes sobrecostes económicos, en concepto de intereses financieros y de gastos judiciales que alcanzan actualmente casi 250 millones de euros, según fuentes conocedoras de los arbitrajes internacionales.
Los intereses por la demora en el pago de los laudos a favor de los inversores extranjeros le cuestan de momento a nuestro país 119 millones de euros, cantidad a la que hay que sumar 129 millones de euros por las condenas en costas y los honorarios de abogados. En total, España se ha gastado casi 250 millones de euros.
Esta funcionalidad es sólo para registrados
Iniciar sesiónEsta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete