La Justicia belga embarga 32 millones a España por impago de las renovables

En concreto, el embargo se articula a través de los pagos transferidos mensualmente por Eurocontrol a la empresa pública Enaire, y que pasarán ahora a manos de Blasket Renewable Investments, una de las compañías afectadas por el impago de 26 laudos que condenan a España a indemnizar con 1.560 millones de euros a las empresas que sufrieron la retirada retroactiva de las primas renovables.

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La continua negativa del Gobierno español a cumplir con los laudos dictados por tribunales como el CIADI, órgano dependiente del Banco Mundial, ha llevado a la activación de complejos procedimientos de ejecución que han resultado en el embargo de diversos bienes y activos propiedad de España.

El Gobierno lleva un tiempo maniobrando para eludir estos pagos con diferentes movimientos legales. De hecho, según explican fuentes conocedoras de la situación a ABC, es posible que el Ejecutivo recurra esta decisión de los tribunales belgas, e intente que no se termine de ejecutar por completo el embargo.

Desde España se ha alegado que estos casos no serían competencia del CIADI –al ser cuestiones intracomunitarias– y, por tanto, cualquier tipo de responsabilidad debería resolverse ante la justicia europea.

Según ha podido conocer ABC en fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica, el fondo, contraviniendo el Derecho de la Unión Europea en materia de Ayudas de Estado y con pleno conocimiento de la obligación de España de no efectuar ningún pago derivado de los laudos impuesta por la Comisión Europea, ha solicitado la ejecución del laudo a las autoridades jurisdiccionales belgas, instando al embargo de los derechos de crédito que Enaire ostenta frente a Eurocontrol.

Según dichas fuentes, España no ha sido notificada de dicho intento de ejecución en Bélgica por el fondo americano del mencionado laudo arbitral. Para su defensa, España se opondrá a la decisión judicial belga dictada en un procedimiento en el que no ha sido parte.

Esta decisión que ha tomado la Justicia belga se produce después de que los tribunales británicos ya han reconocido la existencia de estas deudas. Ya se se ha autorizado el embargo cautelar de la sede del Instituto Cervantes en Londres, la oficina británica de promoción económica de la Generalitat de Cataluña, el edificio de la Escuela Internacional Vicente Cañadas, cuatro cuentas bancarias o el derecho de cobro de la indemnización por el desastre del Prestige, valorado en más de 900 millones de euros.

En la decisión que ahora trasciende, la justicia belga responde a una petición presentada originalmente ante el Tribunal de Primera Instancia de Bruselas y resuelta finalmente por la sala 17 de la Corte de Apelaciones de Bélgica, que ha emitido un fallo con fecha del 18 de junio mediante el cual se autoriza el embargo reclamado por Blasket Renewable Investments, una de las 26 empresas afectadas por los impagos, titular del caso Infrared.

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La deuda acumulada por España con la empresa denunciante asciende a 32 millones de euros. El laudo original ascendía a 28 millones de euros, pero desde entonces se han acumulado 4 millones de euros adicionales, debido a los intereses de demora. Además, España ha tenido que pagar más de 4,6 millones de euros por este mismo caso, en concepto de condenas en costas. En total, la factura acumulada por esta disputa rondaría los 41 millones de euros.

Esta situación llega en un momento delicado para España en materia de política energética. La actual ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, mantiene vivas las posibilidades de marcharse a la Comisión Europea. Y su papel ha sido clave en todo el proceso. La también vicepresidenta ha insistido hasta la fecha en bloquear cualquier acuerdo con los acreedores. Esto ha agravado un problema que se originó bajo gobiernos anteriores y dejando a España en una situación muy delicada, como ponen de manifiesto los embargos autorizados por los tribunales británicos y belgas.

Las empresas afectadas quieren resolver la situación antes de que Ribera se pueda marchar a Bruselas y se eviten nuevos embargos.