La justicia anula la 'tasa Amazon' de Barcelona

La conocida como 'tasa Trec' (Tasa de Reparto del e-commerce) fue aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Barcelona el 24 de febrero de 2023, con los votos a favor de los comunes, el PSC, ERC, Junts y Cs y los votos en contra del PP y Valents. Básicamente, se trataba de responsabilizar a las empresas de distribución del e-commerce por las «externalidades», explicó entonces el consistorio, que genera su actividad, como la contaminación, la congestión del tráfico y la ocupación del espacio público.

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Xavier Vilaltella

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La medida pretendía afectar a los grandes operadores de distribución que operan en la Ciudad Condal, como DHL, Seur, Correos y Amazon. De hecho, dada la gran cuota de mercado que gestiona esta última se la acabó llamando 'tasa Amazon', un nombre inadecuado según los expertos porque la multinacional estadounidense quedó exenta del pago de este gravamen en julio de 2023. Entonces, una sentencia de la Audiencia Nacional acreditó que Amazon no realiza la actividad de distribución, que en realidad tiene subcontratada a empresas de transporte que son las que vemos circular por las calles con el logo de la empresa.

En cualquier caso, ahora la tasa desaparece. El TSJC ha dado la razón a la patronal UNO, que consideraba que el Ayuntamiento atentaba contra la competencia porque solo gravaba a las empresas que transportan los productos del e-commerce. Si de controlar la carga y descarga en la vía pública se trata -argumenta ahora el tribunal-, la medida debería afectar a cualquier vehículo que utilice de igual forma el espacio público y no solo a los de los operadores postales. Por todo esto, el TSJC ha considerado que más que una tasa se trata de un impuesto.

Desde UNO han celebrado la anulación del tributo, que consideraban «discriminatorio» y pernicioso para la competitividad de las empresas. Además -aducen-, reducía «las posibilidades de expansión del pequeño comercio». Para los expertos consultados, llama la atención esto último, porque el consistorio siempre dijo que uno de sus objetivos con esta norma era igualar las condiciones del pequeño comercio con las de las grandes plataformas de venta por Internet.

Conocida la sentencia, el Ayuntamiento ha expresado su disconformidad y ha anunciado que sus servicios jurídicos estudian la posibilidad de presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Incluso -según un comunicado-, se plantean cambios legislativos para proteger «el poder tributario» del consistorio en relación a esta materia.