El jugoso negocio fiscal que alienta el auge de los grandes festivales de música del verano

Hace solo unos meses, el director de Turespaña, Miguel Sanz Castedo, decía en EFE que los casi mil festivales celebrados en 2023 habían logrado atraer a más de cinco millones de visitantes extranjeros y que lo que se observaba era una tendencia al crecimiento.

Este auge incontestable de los festivales, propiciado entre otros factores por la mayor demanda de eventos abiertos tras la pandemia, se ha visto alentado también desde la regulación fiscal, que en los últimos años ha configurado un entorno extraordinariamente atractivo para que inversores y empresas respalden con su financiación estos eventos culturales.

Una enmienda al proyecto de ley de Presupuestos del Estado de 2021 estableció que desde el 1 de enero de ese año las empresas y particulares que decidieran apoyar con financiación la celebración de espectáculos culturales pudieran beneficiarse de las ayudas fiscales reconocidas a sus promotores y productores -de una magnitud mayor a la que son capaces de absorber- y pudieran deducirse hasta el 120% del apoyo financiero prestado. Es decir, puede obtener una devolución equivalente a toda la inversión más una plusvalía fiscal del 20%. «Con una aportación de 50.000 euros se puede generar un derecho a deducción de 60.000 euros», resumen en la web de un despacho especializado.

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La clave fue la regulación de los llamados 'contratos de financiación', que permiten a los productores transmitir con todas las garantías legales sus derechos a deducción fiscal a terceros a cambio de apoyo financiero. Antes de la llegada de los contratos de financiación, el mecenazgo cultural con ventajas fiscales se sustanciaba principalmente a través de las agrupaciones de interés económico (AIE), un dispositivo rentable pero muy vigilado por Hacienda por arrastrar la sospecha de que estimula el embalsamiento de pérdidas para elevar el beneficio de los inversores. «Se trata de un esquema complejo en el que todavía quedan cuestiones que no han sido validadas por Hacienda», advierten a los potenciales inversores en la web de Sympathy for the lawyer, un despacho especializado en fiscalidad de grandes espectáculos.

La principal ventaja del contrato de financiación es que se ve como un mecanismo sencillo y seguro, que facilita a los productores la obtención de la financiación necesaria y a los inversores una rentabilidad fiscal atractiva y blindada jurídicamente.

«El mecanismo está en vigor desde 2021 y no consta que haya generado ninguna incidencia con la Agencia Tributaria», recalca Ismael González, socio de fiscalidad corporativa de Cuatrecasas, que subraya que la Agencia Tributaria incluso ha hecho todo lo posible por facilitar su utilización.

El mecanismo es tan atractivo que los grandes despachos de asesoría fiscal lo han convertido en uno de los productos estrella de su oferta comercial para grandes fortunas y grandes empresas, el perfil de contribuyentes que por capacidad financiera y nivel de carga impositiva son los principales usuarios del mismo.

Los datos de Hacienda acreditan la exclusividad de este dispositivo de apoyo a la industria cultural. Pese a que sobre el papel la norma permite a cualquier particular o empresa beneficiarse, lo cierto es que según la última memoria de beneficios fiscales en 2023 se esperaba que 398 empresas hicieran uso del incentivo con un coste estimado para las arcas del Estado de cerca de 89 millones, lo que arroja un ahorro fiscal medio de unos 220.000 euros por contribuyente y una inversión media en el entorno de los 200.000 euros.

El Gobierno, que justificó esta ayuda fiscal orientada a grandes contribuyentes como un acicate para reactivar los eventos culturales tras el parón de la pandemia, esperaba duplicar la cifra de inversores atraídos a la financiación de festivales, conciertos u obras de teatro tras la entrada en vigor del incentivo fiscal, que sus aportaciones medias se incrementaran más de un 8% y que el coste fiscal de la iniciativa para las arcas públicas se incrementara un 62%.

Hacienda aún no ha realizado una evaluación detallada del incentivo, pero sí se sabe que las empresas beneficiarias de ayudas fiscales por inversiones en producciones cinematográficas y espectáculos han pasado de 300 beneficiarios a cerca de 400, y la proliferación de festivales y patrocinadores parece subrayar esta tendencia.

«Hemos notado un incremento significativo del interés inversor en el sector del cine y espectáculos, lo cual atribuimos a la seguridad jurídica creciente que perciben», asegura Israel González. «De hecho, a diferencia de lo que ocurría en el pasado, se detecta un mayor número de potenciales inversores que de producciones en las que materializar la inversión».