Consulta injustificada

Este camino no lo han emprendido en aras del interés general ni desde luego para velar por la competencia, o tratando de ser más garantistas con el consumidor o la pyme catalana. El único objetivo es alimentar la polarización para tratar de encubrir una decisión que tienen tomada desde hace tiempo y que, no lo olvidemos, es otra de las exigencias de sus socios de investidura.

El proceso hasta ahora había seguido el camino previsto y cuenta con las bendiciones de los organismos que se han tenido que pronunciar. Tanto el Banco Central Europeo, el Banco de España, el Banco de Inglaterra -por la filial inglesa que tiene la entidad catalana-, como la CNMV y la CNMC han aprobado la operación con más o menos condiciones -nada muy diferente, por cierto, a las que exigieron a Caixabank cuando integró hace bien poco a Bankia-.

Llegados a este punto la Ley de Defensa de la Competencia contempla la posibilidad de que el ministro de Economía eleve el asunto de forma excepcional al Consejo de Ministros para que valore la operación «con criterio de interés general diferente a los de competencia». Sin embargo, como no parece que ni la defensa ni la seguridad nacional, o la salud pública se puedan ver comprometidos por esta operación, el Gobierno ha tirado una vez más por la calle de enmedio organizando este disparate en forma de consulta pública.

El Ejecutivo tiene protestad para modificar las decisiones de la CNMC. Aunque la Ley de Defensa de la Competencia no les permite prohibir la operación, solo aprobarla con más condiciones. Y parece que tras la respuesta de los técnicos se quedan sin excusas.

Tras los compromisos que ha adquirido el BBVA, ni la financiación a la pyme o autónomos, ni la inclusión financiera o la cohesión territorial están en juego. Si la motivación es política, no se pueden amparar en criterios técnicos sobre los que ya ha dictaminado el organismo competente.

Y en el capítulo de otros de la cláusula del interés general no parece que se contemple el de abortar la operación para mantener el apoyo de los socios de investidura. Entretanto, este tipo de ejercicios arbitrarios y rayanos con la ilegalidad a los que este Gobierno parece haberse aficionado tanto -la lista de tropelías es larga e incluye a Ferrovial, Talgo, Telefónica, Indra…- socavan la seguridad jurídica de los accionistas de las compañías que son objeto de sus injerencias.

Es sensato suponer que algo tendrán que decir los dueños de esas empresas, que son los que de acuerdo con la ley de sociedades anónimas deberían tener la última palabra. No les hurten sus derechos. Es deslizarse por una pendiente muy peligrosa.

El comodín del interés general es muy tentador. Cuando las cosas no salen como uno quiere, el atajo fácil es apelar al interés de todos, que es algo muy etéreo pero que tiene mucho tirón popular. ¿Quién va a estar en contra de que se restrinjan, por ejemplo, las fuentes de crédito para la inversión en I+D? ¿O quién se va a oponer a la inclusión financiera o la cohesión territorial? Nadie. Y para que no haya dudas, ya se han pronunciado los que con argumentos técnicos lo tenían que hacer.

De lo que no se habla es de algo que probablemente afecta mucho más al interés de todos. En el inminente proceso de concentración bancaria europea, ¿cuál es el papel que queremos que juegue España? ¿Queremos liderarlo o preferimos una vez más ir a remolque de los acontecimientos y ser una vez más comparsa? Una posible integración de BBVA y Sabadell permitiría que fueron dos los bancos españoles que pudieran liderar este proceso en Europa. El Santander ya está ahí, y los últimos movimientos que está haciendo probablemente estén encaminados en este sentido. Y el BBVA-Sabadell podría ser el otro.

Dada la enorme transformación que se ha producido en el sistema financiero español en estos últimos años, tenemos la posibilidad de que sean dos bancos españoles los que lideren la transformación del sistema financiero europeo. El resto de los países europeos van por detrás. Salvo el italiano Unicredit que, de la mano de su consejero delegado, Andrea Orcel, ha entendido de qué va la vaina, el resto siguen mirándose el ombligo. Ahí está la oportunidad. La ventaja de ir por delante en el proceso de integración europeo es evidente. Ahora toca golpear primero.

Si finalmente descarrila la integración de BBVA y Sabadell, ambos bancos no tendrán el tamaño suficiente para seguir siendo dueños de su destino. El banco catalán sería la puerta de entrada de algún banco europeo en el mercado español. Y BBVA, que últimamente no tenía un rumbo muy claro, acabaría hecho trozos porque da la sensación de que vale más cada una de las partes que el todo en su conjunto. Desde el Gobierno podrían estar tratando de hacer algo de pedagogía y mirar más allá de mañana y de las urgencias del corto plazo.

Por la pendiente que se está deslizando la política en España hay una cosa que destaca, y es como se contagia la desfachatez. No hay día en el que no salga algún responsable del Gobierno con alguna declaración que sencillamente no hay por dónde cogerla y en la que en el mejor de los casos nos consideran poco al resto.

En las últimas semanas, coincidiendo con los graves episodios que hemos vivido, hemos asistido a un carrusel de comentarios que son un insulto. Hay que empezar por los de la presidenta de Red Eléctrica, que, aunque no sea un miembro del Gobierno propiamente dicho, hay poca duda de que habla por boca de este. Sin titubear, cuando mal y tarde compareció tras el apagón, se atrevió a decir que aunque no sabían lo que había pasado no se iba a repetir. Hay que tener mucho cuajo para que la principal responsable de la empresa que nos ha dejado a oscuras sea capaz de llamarnos tontos a la cara.

La siguiente fue la ministra Aagesen, que, también con mucho retraso respecto a lo que deseable, se atrevió a colocar una consigna detrás de otra sin dar ninguna explicación de las causas del desastre. Desde el «será verde o no será» a seguir dando pábulo al ciberataque o a su defensa de la presidenta de la empresa responsable del caos, protagonizó un alarde digno de mejor causa y otra muestra de que la desfachatez del presidente Sánchez es contagiosa.

Y por último, a principios de la semana pasada vivimos probablemente el suceso más grave. El ministro que hasta ahora había guardado las apariencias y que por su formación y carrera parecía inmune a esta dolencia salió a defender la idoneidad de la consulta pública sobre la opa de BBVA a Sabadell. El señor Cuerpo insistió mucho en la legalidad de la medida y su carácter no vinculante. Alabado sea el Señor, el Gobierno no impulsa consultas ilegales. Gracias señor ministro, resulta tranquilizador.