Vivienda: la campaña no pasa por aquí

Hay una actitud de brazos caídos en este asunto que recuerda la frase de Burke de que «para que el mal triunfe sólo se necesita que los hombres buenos no hagan nada». Quizá lo más grave es la manera en que se han generalizado malas políticas desde que gobierna la coalición que encabeza Pedro Sánchez. Todo aquello que desde hace décadas se sabía que no funcionaba en el mercado inmobiliario –controles de precios, desequilibrio jurídico en favor de los inquilinos y en desmedro de los propietarios, medidas de apoyo a la demanda sin contrapartidas en la oferta, rigidez en la oferta de suelo– se ha repetido corregido y aumentado. El resultado está a la vista: los precios han subido como cohetes. La oferta de alquiler permanente ha caído un 15% en el primer trimestre de este año, mientras el de temporada ha crecido un 56%, según los datos del portal idealista.com.

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Mayte Amorós

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El mercado inmobiliario es de gran complejidad. Las opciones más eficientes para actuar sobre el mismo implican cambios regulatorios en la financiación de la vivienda, la creación de suelo urbano y las garantías sobre los derechos de propiedad. Sobre eso se pueden aplicar subsidios o no. Los economistas son enemigos de las ayudas que se dieron a la adquisición de vivienda en España hasta la crisis financiera de 2008 porque insisten en que se las terminaba llevando el promotor a través del precio. Sin embargo, hay un ángulo nada despreciable en aquellas ayudas: su dimensión como 'nudge' (empujoncito) que operó durante años como un estímulo para la oferta.

La discusión sobre lo que debemos hacer en las actuales circunstancias requiere un debate nacional amplio y dinámico. También se necesita voluntad política para desatar las fuerzas del mercado. Las preferencias de las nuevas generaciones de españoles han cambiado y hay que abordar en serio el asunto del alquiler social. Es preciso introducir nuevos actores en el sistema, como los fondos sin lucro que operan en Austria para que una solución social no tarde 50 años. Hay que evaluar el edificio jurídico hipotecario que resultó deformado por la introducción de elementos como la dación en pago que trajo la crisis financiera. Hay que desregular la gestión del suelo para expulsar a los oportunistas que chantajean a los promotores. Todo eso hay que hacerlo favoreciendo un mercado libre donde todos los proyectos de vida puedan encontrar acomodo en vez de que la actual fragmentación política le arregle la existencia a unos pocos.