Ajuste de cuentas
'Taxfare'
El Gobierno denuncia el 'lawfare', pero lo que hace con los impuestos se parece mucho a emplearlos como arma
Este Gobierno ha hecho popular el concepto de 'lawfare' (guerra legal), importado del discurso de Cristina F. Kirchner que pudo tomarlo de su asesor Baltasar Garzón. El término, una contracción de las palabras inglesas 'law' (ley) y 'warfare' (guerra), empezó a ser utilizado por las ... academias militares de Estados Unidos y los activistas de derechos humanos para describir la utilización de las instituciones jurídicas internacionales para proteger los derechos humanos en una conflagración. De ahí pasó a ser sinónimo de manipulación de la ley para usarla como cobertura de un grupo determinado y sus intereses y, por último, a la judicialización de la política, en el sentido español del término que pone en duda cualquier acción de la Justicia como si fuera fruto de la utilización política.
Al hilo de las últimas medidas anunciadas por Pedro Sánchez sobre la vivienda, una de las cuales propone incrementar en un 100% el gravamen fiscal que deben pagar los no europeos que no residan en nuestro país cuando compran una casa en España» pensé acuñar el término 'taxfare' (guerra tributaria) para definir el empleo del sistema impositivo como un arma para imponer los intereses de un grupo político. El problema es que la palabreja tendría problemas para triunfar en inglés, que es la principal población afectada por la medida, porque 'fare' significa tarifa y se interpretaría como la tarifa tributaria o el tipo del impuesto y no como la particula tomada de 'warfare'. Pero quedemos en que guerra tributaria se entiende perfectamente.
La utilización de los tributos como arma no sólo se concentra en los extranjeros, también en los más ricos. Más aún, dada la voracidad recaudatoria de la Hacienda española y la negativa a deflactar el IRPF, el enemigo a batir han sido todos los españoles. La subida de la presión fiscal ha tenido un reflejo claro: los ingresos fiscales han batido récords sin precedentes (en 2021 un 15,1% más: en 2022, un 14,4% más; en 2023 un 6,4% más y en 2024 un 8,3% más hasta noviembre).
Se da la circunstancia de que en esta guerra tributaria, siempre gana el Gobierno. El deber de presentar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) no sólo es una obligación constitucional de importante raigambre democrática, sino que es un acto de transparencia y rendición de cuentas. En España, sin embargo, Pedro Sánchez ha decidido prorrogar las cuentas públicas todas las veces que le parezca necesario, sin que nadie le tosa. Se trata de un mecanismo especialmente beneficioso para el ministro de Hacienda de turno que puede disponer a su arbitrio del margen de crecimiento de los ingresos que no está asignado previamente pero ingresa en la caja del Estado. En el caso de este Gobierno, además, se ha incumplido la obligación de presentar un proyecto de cuentas públicas. El resultado es que el Estado está operando con los PGE del año 2022 y estamos en 2025. jmuller@abc.es
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