¿Por qué reincidimos?

Hay que echar un vistazo a los trabajos de José María Raya, profesor en Tecnocampus-Universitat Pompeu Fabra. En línea generales, Raya nos cuentan que desde 2015 hasta 2018 el stock de vivienda en alquiler venía creciendo, del orden de un 27%. En Cataluña, hasta 2019, el alquiler se había triplicado (aunque aquí no me queda claro si el impacto del alquiler turístico estaba neutralizado). La pandemia alteró las cosas y, sobre todo, adulteró las estadísticas, pero en términos gruesos se puede decir que la oferta de alquiler venía aumentando y las rentas reduciéndose. «Es claramente un mercado a la baja», escribió Raya sobre el alquiler en uno de sus informes publicado por Esade en 2021.

Todo esto ha cambiado tras la pandemia. Pero en parte lo ha hecho porque los gobiernos se han puesto a intervenir en el mercado. Crecen las quejas porque hay demasiado alquiler vacacional en un determinado distrito. Los municipios lo declaran tensionado. Los propietarios descubren que la nueva legislación menoscaba sus derechos. Consecuencia: la vivienda en alquiler pasa a ser un piso a la venta o alquilada en Airbnb. ¿Y nos quejamos de que hay mucho alquiler vacacional? Pero si les votamos a los mismos (memos) que lo fomentan.

Hay un trabajo del profesor Benito Arruñada en Fedea de abril de 2022, cuando ya se veía el mal camino que podía tomar la Ley de Vivienda de Pedro Sánchez, que plantea una cuestión muy interesante. En su trabajo denuncia la involución que se ha producido desde que Boyer apostó por la liberalización. Los políticos no han hecho más que caer en la trampa del intervencionismo: en las elecciones de 2019, ningún partido defendió la liberalización de los alquileres, pese a que en casi todos los sectores políticos hay voces que identifican correctamente el problema del precio del alquiler con la falta de oferta.

Arruñada se hace una pregunta clave: «¿Qué fuerzas llevan a la sociedad española a reincidir en el error a la hora de regular el alquiler residencial?». En contra de los argumentos habituales, el profesor cree que en vez de favorecer a los débiles, como proclama la política de control de alquileres, se busca favorecer a los funcionarios y a los empleados permanentes de grandes empresas que ofrecen mejores garantías que los inquilinos más débiles. Que el gobierno de Sánchez está dispuesto a discriminar hasta ese punto ya lo ha demostrado con las pensiones: los jubilados están indexados a la inflación, pero los trabajadores, que cobramos un 20% menos que el promedio europeo, no. jmuller@abc.es