'Permisología'

Es llamativo que en el ámbito de la empresa haya que imponer planes y protocolos para cuestiones que ya están reguladas por las generales de la ley, como si al interior de las compañías no rigieran el Código Penal o el Civil o estuvieran excluidos de la ley trans.

Algo similar pasa con los permisos para realizar determinadas actividades. En Sudamérica se ha acuñado el término 'permisología', que describe muy gráficamente de lo que hablamos. La semana pasada, el expresidente chileno Eduardo Frei revelaba en Madrid que en su país hay 70.000 millones de dólares de inversión esperando en los pasillos de la burocracia a que se les otorgue un permiso.

'Permisología' facilita el descarte del término anglosajón 'red tape', que se refiere a la sobrerregulación, pero que está unido a la leyenda negra porque alude a los lazos rojos con que la burocracia de Felipe II ataba los decretos y normas.

El Gobierno español, además, se da mucha prisa en imponer nuevas obligaciones, pero cuando existe una iniciativa que reduce los costes administrativos y mejora la rentabilidad de las empresas, se toma su tiempo. Es lo que ocurre, por ejemplo, con la trasposición de la directiva europea 2020/285 que tiene como objetivo simplificar y modernizar el régimen del impuesto sobre el valor añadido (IVA) dentro de la UE. Esta normativa permite eximir a los contribuyentes cuya facturación anual no exceda de 85.000 euros de la obligación de incluir el IVA en sus facturas y de tener que presentar declaraciones periódicas. La medida tiene ventajas y desventajas, pero sería de gran ayuda para autónomos y pymes que tuvieran la posibilidad de optar o no por ella. Pero a Hacienda le da pavor abrir esta debate y trasponer la norma.

La 'permisología' es un lastre para la economía, al igual que el nivel de impuestos, que es una enseñanza que parece haberse olvidado. Hay un punto en que ambas cosas empiezan a hacer daño a la economía. Y la ley del péndulo, aunque estemos en la aparentemente sofisticada UE, también aplica. Ahí está el tema de la inmigración. Pero también ocurre en otros ámbitos: Nueva Zelanda, por ejemplo, ha decidido anular las prohibiciones medioambientales a las prospecciones de petróleo y gas, y ha decretado una moratoria de cinco años para toda la regulación que obligaba a los agricultores a pagar por las emisiones de sus predios. jmuller@abc.es