La opa y el poder

En el BBVA transmiten optimismo una vez que después de cinco meses y medio la operación ha avanzado a la segunda de las tres fases del proceso de análisis de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC). La fase uno ha dado como resultado un expediente de 129 páginas que se considera reservado y una 'nota sucinta' de nueve folios que resume este legajo. Hay consenso en que Cani Fernández, la presidenta de la CNMC, está haciendo un gran trabajo, mostrando independencia y pericia técnica. Los analistas han sometido la nota sucinta a un tercer grado, han escudriñado el estado de ánimo que se puede inferir del redactor, la posición psicológica del narrador y el campo semántico del que han salido las palabras. Hasta se han estudiado los términos excluidos que son casi tan importantes como los seleccionados. Y han llegado a la conclusión de que el texto no permite augurar que las condiciones que vayan a imponerse sean inasumibles.

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Sin embargo, si la CNMC autoriza la opa, el Consejo de Ministros aún debe intervenir en virtud del artículo 10 de la Ley de Defensa de la Competencia invocando los siguientes criterios: a) defensa y seguridad nacional, b) protección de la seguridad o salud públicas, c) libre circulación de bienes y servicios dentro del territorio nacional, d) protección del medio ambiente, e) promoción de la investigación y el desarrollo tecnológicos y f) garantía de un adecuado mantenimiento de los objetivos de la regulación sectorial.

Esta es la última instancia en la que el poder político puede bloquear la operación y a ella se agarra la dirección del Sabadell en su estrategia defensiva. En el BBVA no ven que la compra pueda ser encuadrada en ninguna de estas seis condiciones. Otros, en cambio, creen que el Gobierno puede retorcer cualquiera de ellas a su gusto para justificar lo que quiera.

Una vez que la opa sea autorizada, el asunto quedará en manos de los accionistas, que son los auténticos protagonistas de esta historia. Y si estos aceptan la oferta del BBVA, como prevé la mayoría de las personas con formación bancaria, la actual dirección del Sabadell, beligerante ante la operación, será relevada y el margen de arbitrariedad del poder político se reducirá muchísimo. Es verdad que a partir de ahí, el Gobierno puede condicionar una fusión de las dos entidades hasta generar un escenario ridículo o imposible, pero para eso el adquirente tiene que pedir permiso para esa operación. También puede preferir no hacerlo y esperar a una coyuntura más favorable. jmuller@abc.es