ajuste de cuentas
Madrid desregula
Las comunidades autónomas tienen capacidad fiscal limitada, pero normativa amplia; ahí deben de actuar
Eduardo Serra, exministro de Defensa: «El país debería ser consciente de que nada es gratis»
Una de las tareas más importantes de un gobierno es no estorbar a los ciudadanos, dejar de ponerle palos en las ruedas a sus iniciativas. En 2023, España generó 1,27 millones de páginas de legislación a nivel europeo, central y autonómico, según ... un estudio de la CEOE que denuncia la hiperregulación y una de sus peores consecuencias, la inseguridad jurídica. Habitualmente nadie se ocupa de revisar y eliminar la reglamentación obsoleta, superada por la tecnología o las costumbres, que sólo ocupa espacio. Por ejemplo, hasta hace nada había reglamentación en España que exigía que los hoteles tuvieran una cabina insonorizada para teléfono en su recepción. O que para acceder a la categoría de tres estrellas o superior hubiese teléfonos en las mesillas de todas las habitaciones cuando la gente ya no las usa.
La Comunidad de Madrid es una de las pocas que tiene abierta una línea contra la hiperregulación, una iniciativa del exconsejero Javier Fernández Lasquetty que su sucesora, Rocío Albert, ha mantenido y profundizado. Se puso en marcha en 2021 como parte del plan de reactivación tras la pandemia. Gracias a ella se han adoptado casi 350 acciones destinadas a reducir el desbarajuste normativo. La línea abierta permite que el sector privado denuncie o critique las trabas regulatorias o burocráticas que entorpecen su actividad. Al mismo tiempo, una comisión para la reducción de cargas administrativas y simplificación normativa rastrea el 'corpus' de legislación obsoleta.
El resultado de este trabajo se nota en cuestiones tan nimias, pero de alto impacto, como autorizar los pagos con bizum de impuestos y tasas autonómicas que ya suponen casi el 10% de los pagos de menos de mil euros. O la aceleradora de inversiones que permite agilizar proyectos empresariales de al menos 10 millones de euros o que supongan 50 empleos nuevos tanto en la Comunidad como en el Ayuntamiento. Este organismo lleva un año en funcionamiento y ha acelerado cinco de siete proyectos que han supuestos 3.500 empleos nuevos. Otros municipios madrileños están llegando a acuerdos con la comunidad para sumarse a esta aceleradora.
La vivienda y la dependencia son dos áreas problemáticas donde se está trabajando en la simplificación burocrática para aumentar el suelo disponible para construir vivienda en régimen de alquiler asequible o facilitar el acceso a las ayudas a la dependencia que requieren montañas de documentos.
Las comunidades autónomas de régimen común tienen una capacidad fiscal limitada. Sin embargo, tienen una capacidad normativa de gran alcance, donde pueden hacer muchas cosas y entre ellas, retirar legislación inútil o al menos suavizarla. Con iniciativas como esta ganan las empresas, ganan los ciudadanos, gana la administración que puede dedicar recursos (económicos y humanos) a otras actividades. El control 'a posteriori' en vez de poner barreras de entrada son claves para el proceso de creación de nuevos negocios. jmuller@abc.es
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