La inflación legal

«Las tendencias autoritarias anteriores a la pandemia continúan erosionando el Estado de derecho», dijo Elizabeth Andersen, directora ejecutiva de World Justice Project (WJP). «Los controles sobre el poder ejecutivo se están debilitando y el respeto por los derechos humanos está decayendo».

El gran deterioro de la posición española se produjo realmente en 2021, cuando caímos cinco puestos hasta el lugar 27. Este año hemos mejorado en un puesto, pero hace cinco años estábamos peleando por llegar al vigésimo lugar, en la elite de países, y ahora nos hemos descolgado.

Estamos entre los mejores 15 países del mundo en respeto a los derechos fundamentales y en transparencia institucional, pero estamos claramente mal en orden y seguridad, y en justicia civil. En cuanto a corrupción, justicia penal, cumplimiento normativo y restricciones al poder gubernamental estamos en línea con la posición que ocupamos.

El Estado de derecho es un factor fundamental para asegurar la prosperidad de un país. Pero sus distintas dimensiones no siempre son evidentes.

Hace un par de días, Aecoc, la patronal del gran consumo español, inauguró en Galicia su 37º congreso con más de mil directivos del sector. Ignacio González, su presidente, se mostró molesto por las críticas y ataques que han recibido a raíz de los aumentos de precio en los lineales. La inflación convierte el acto de comprar en un hecho irritante y el comercio es la playa en la que golpea esa ola. Algunos piensos y productos agrícolas han llegado a subir hasta un 180% desde enero de 2021, los materiales de envasado se han encarecido un 25% y suministros como la electricidad y el gas han llegado a incrementarse casi el 300%, según González. Estas alzas han hecho que los precios de los alimentos suban entre un 40% y un 70%.

Pero lo más irritante de todo lo que ha relatado González es que, en medio de un agudo proceso inflacionario, el Gobierno se ha dedicado a elevar aún más los costes regulatorios: este año se han aprobado 30 nuevas normas que impactan en las empresas y elevan los costes de funcionamiento. González citó el nuevo real decreto de envases que supone un impacto de 6.270 millones para el sector y el llamado impuesto al plástico de un solo uso que costará 690 millones más.

La frondosidad regulatoria también tiene efectos inflacionarios y va machacando nuestra competitividad. Por eso, la recesión del Estado de derecho también llega al bolsillo.