Un fallo del Estado

La electricidad no es una mercancía cualquiera. Es un servicio esencial operado bajo un sistema regulado de concesiones, permisos, planificación centralizada y fiscalidad diseñada al milímetro. En España, el Estado es el accionista de control de Red Eléctrica (Redeia), decide el calendario de cierre de las nucleares, establece los peajes, diseña el mix energético y autoriza o deniega las infraestructuras. No hay liberalismo posible en un sector que depende del sacerdocio del BOE, de su evangelio que es el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec), y de los monaguillos del Miteco y de la CNMC para cada movimiento. Por tanto, cuando algo fracasa, el fallo es estructural y tiene responsables públicos claros.

El Gobierno ha preferido repartir culpas con las empresas privadas en el primer informe oficial sobre el apagón para suscitar «una reflexión», dijo la ministra Sara Aagesen. Aludió a tres causas: que el sistema no disponía de capacidad de control de tensión dinámica («lo que estaba programado no era suficiente»), que se produjeron oscilaciones de frecuencia y que hubo desconexiones aparentemente indebidas. Las tres cuestiones de manera directa o indirecta son responsabilidad del gestor de la red, que es Redeia.

Hoy parece una negligencia imperdonable que Redeia no sustituyera a la térmica (de San Roque 2, propiedad de Endesa y Naturgy) que le avisó con antelación que no estaría disponible el día de autos. El operador consideró que no era imprescindible y eso dejó a Andalucía sin la suficiente energía síncrona para compensar la sobretensión que detonó el apagón.

La lógica del 'Estado regulador' es clara: si todo depende de él, todo es de su responsabilidad. Y sin embargo, lo que se ha visto tras el apagón es una ceremonia de la confusión: la ministra señalando a las eléctricas, Redeia insinuando que despacha lo que las empresas piden, y el presidente hablando de ciberataques. Cuando el Estado diseña, controla y supervisa el 100 % del sistema, los fallos no se externalizan, son del Estado. La obsesión por inflar la generación renovable sin fortalecer la red, sin asegurar respaldo síncrono, ha creado un sistema frágil. No es que la solar o eólica sean un problema; el error es una planificación política que prioriza titulares sobre la estabilidad del sistema. Cerrar nucleares mientras se subvencionan instalaciones que ya producen a precios negativos es otro síntoma de ese delirio intervencionista. Lo más grave, sin embargo, no es el error técnico: es la falta de rendición de cuentas. Lo que ocurrió no fue solo un apagón. Fue una señal de advertencia sobre lo público. jmuller@abc.es