La deuda autonómica

La simulación está hecha con supuestos muy optimistas. Parte de la base de que las CCAA cumplirán los objetivos de déficit público que el Gobierno remitió a Bruselas en la reciente Actualización del Programa de Estabilidad (abril 2023). A primera vista, la única razón para que aumente la deuda pública en los próximos años es la financiación del déficit de 2022 y 2023, y el pago fraccionado de las liquidaciones negativas del sistema de financiación de los años 2008 y 2009, que se aplazaron veinte años. Si no hay sorpresas, el volumen de deuda debería estabilizarse en torno a los 326.000 millones de euros en los próximos años.

Si el PIB crece como prevé el gobierno, esta relativa estabilidad de la deuda significará que, en términos de PIB, su peso caerá. Pasará del 23,9% del PIB en 2022 al 20,3% en 2026. La paradoja está en que esta reducción no comportará un alivio porque el coste financiero (los intereses) más que se duplicarán. El gasto autonómico en intereses de 2022 fue, según la IGAE, de 3.608 millones y se estima que pasará a 8.659 millones en 2026. Esto debido a la renovación en los próximos años de deuda emitida a tipos más reducidos. Esta diferencia, según los autores del informe, hará que el tipo medio pase del 1,1% en 2022 al 2,7% en 2026. El aumento en términos brutos será particularmente abultado en Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía.

El aumento del coste obligara a las CC.AA. a redireccionar recursos de otras áreas (sanidad, educación) al servicio de la deuda. Además, hay que tener en cuenta que en la anterior etapa de aumento de tipos de interés, nuestro stock de deuda era mucho menor. Entonces, los compromisos de las administraciones públicas eran del 36% del PIB y los de las comunidades, del 6%. Hoy, el primero es del 112% del PIB y el segundo del 24%. Ese recurso al dinero de las generaciones futuras lo ha propiciado el dinero barato y la política.