Autónomos atrapados

Hasta entonces, los autónomos eran el único grupo en España que podía elegir sus bases de cotización y sustraerse, en parte, a la obligación de cotizar por todos sus ingresos. A diferencia de los asalariados, horquillados por la Seguridad Social (cotizaciones) y Hacienda (impuestos), disfrutaban de una flexibilidad que tenía como contrapartida unas pensiones tan exiguas como sus aportaciones. Como alternativa, muchos optaron por ahorrar por su cuenta, como reflejan los datos del Banco de España.

La promesa de la reforma era clara: mejorar las pensiones a cambio de cotizar más. En teoría, una decisión justa, si se considera que, según cálculos de Fedea, los asalariados actuales reciben entre un 25 y un 34% más de lo que aportaron durante su vida laboral. Pero ahora se ha confirmado lo que se temía: los autónomos deberán hacer un esfuerzo sustancial, equivalente al que hacen las empresas por cada trabajador por cuenta ajena, aunque estos rara vez protesten, quizás porque desconocen el porcentaje de sus costes laborales que se lleva la Seguridad Social.

Siempre consideré este acuerdo como un error, o al menos, una trampa. Primero, porque los sistemas de reparto están condenados por la evolución demográfica. Dentro del reparto existen modelos contributivos, como el que teóricamente rige en España, donde se aplican principios de justicia: el que más aporta, más recibe. Un ejemplo es Suecia, que utiliza cuentas nocionales para garantizar la equidad intergeneracional. Por el contrario, los sistemas asistenciales aseguran una pensión para todos, pero a costa de prestaciones más modestas.

Sospecho que el PSOE asumió hace tiempo que el sistema hará 'crack' en alguna futura crisis y que entonces se transformará de facto en un modelo asistencial. Muchas de las medidas adoptadas van en contra del principio de contributividad. Además, la puesta en escena de la ministra Elma Sainz ha sido tan torpe que ha devuelto la sensación de que los problemas deben pudrirse antes de solucionarlos.

Pero mi principal objeción no es política, sino económica: obligar a los autónomos a canalizar todo su ahorro previsional a través de la Seguridad Social perjudica a la economía española. La mayoría sabe, como casi todos, que las cotizaciones no se capitalizan, que no son ahorro real, sino apuntes contables para pagar compromisos presentes. Impedir que puedan destinar parte de su ahorro a otros activos debilita los mercados de capitales y reduce su dinamismo, como han advertido tanto Mario Draghi como Enrico Letta. El desplome del pilar de ahorro privado en las pensiones es uno de los legados más nocivos de las últimas reformas. jmuller@abc.es