La Intervención del Estado aflora un déficit oculto de mil millones en las cuentas de 2022

El Ministerio de Hacienda notificó a la Comisión Europea este reajuste el pasado 29 de septiembre, según establece la exigente normativa europea sobre control de las cuentas públicas instaurada tras las brutales desviaciones que se produjeron durante la gran crisis financiera.

La desviación detectada por los auditores de la Intervención General del Estado no altera de forma relevante el déficit público comunicado a Bruselas el pasado mes de marzo (no supone ni una décima de déficit), pero sí significa las dificultades endémicas que las administraciones públicas españolas tienen para rebajar sus desequilibrios presupuestarios, incluso en un contexto como el del año 2022 en que se redujeron de forma significativa los gastos para hacer frente a la pandemia.

Según la información proporcionada en la Cuenta General del Estado de 2022, que el Ministerio de Hacienda acaba de hacer pública, la auditoría interna de Hacienda ha detectado una desviación de cerca de 6.000 millones de euros (5.980 millones) por intereses devengados en el ejercicio de 2022 por pasivos financieros con cargo al Estado y no aplicados al presupuesto, otra de casi 3.000 millones por ajustes en la recaudación efectiva obtenida por el Estado, más de 2.000 millones por aportaciones de financiación realizadas y no imputadas al presupuesto y otros 1.800 millones por una mayor carga en devoluciones de impuestos que no se había reflejado en el cierre provisional del pasado mes de marzo.

En conjunto, los interventores del Estado han imputado al balance contable del Estado de 2022 más de 13.000 millones en gastos o menores ingresos que no se habían tenido en cuenta en primera instancia. El impacto sobre el déficit no ha sido de tal cuantía porque el Estado tampoco había tomado en consideración cerca de 2.800 millones que le correspondían por los ajustes de los sistemas de financiación autonómica y local, y por la existencia de una partida de más de 6.800 millones que la Cuenta General del Estado encuadra en un capítulo denominado 'Otros Ajustes', y que han impedido que el déficit del Estado 2022 se hubiera disparado en torno a un punto respecto al 3,3% comunicado a Bruselas a principios de año y el de las Administraciones Públicas holgadamente por encima del 5%, frente al 4,8% oficial.

Al nuevo Gobierno de Pedro Sánchez le queda por delante un arduo camino, muy diferente al que transitó entre 2018 y 2023 en que el encadenamiento de crisis hizo que Bruselas abriera las compuertas del gasto público, para devolver las cuentas públicas a la situación de sostenibilidad que la Comisión Europea exige para sus países miembros y que impone rebajar el déficit público por debajo del 3% del PIB.

La primera estación de esa travesía se dirime este año 2023 y ya ha empezado a generar dudas. La senda programada por el Gobierno estipula que las cuentas públicas españolas deberían cerrar el ejercicio con un desequilibrio del 3,9% del PIB, desde el 4,8% en que cerró el año 2022, pero tanto la Comisión Europea como el consenso de los analistas volcado en el panel de Funcas ya anticipan que España se desviará de ese objetivo y cerrará el año con un desequilibrio del 4,1%.

La misma cifra avanzó el pasado mes de octubre la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) en la actualización del seguimiento mensual que efectúe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad, que se mantiene en esos valores desde que el Gobierno decidió la prórroga más allá del pasado 30 de junio del paquete de medidas de ayudas contra los efectos de la inflación.

De confirmarse, esa desviación de dos décimas -hablamos de 3.000 millones de euros- complicaría aún más el ambicioso objetivo planteado el pasado mes de abril por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que comprometió con Bruselas la reducción del déficit público español por debajo del 3% ya en 2024, para entrar en el nuevo marco europeo de reglas fiscales cuya entrada en vigor se espera el próximo 1 de enero sin arrastrar el lastre de país incumplidor.

En el escenario planteado por el Gobierno, la retirada de las medidas de estímulo y rebaja fiscal aprobadas para amortiguar el impacto de la inflación sobre familias y empresas, entre las que las más costosas son las ayudas al transporte público y las rebajas fiscal sobre el recibo de la luz y el gas y los alimentos, a las que el Gobierno imputa un impacta total este año de unos 10.000 millones de euros, y la buena marcha de los ingresos impositivos serían suficientes para alcanzar ese objetivo sin ninguna medida de ajuste fiscal adicional. El mantra del ajuste fiscal sin recortes que viene repitiendo el Gobierno desde que empezó la presión para que España redujera el déficit.

Sin embargo, ni la Comisión Europea ni el 90% de los principales institutos de análisis económico españoles creen que eso sea posible, como ha quedado de manifiesto esta semana. Los técnicos de Bruselas entienden que en ausencia de medidas de ajuste presupuestario, o sea recortando gastos o generando nuevos ingresos, el déficit español se irá al 3,2% en 2024 y al 3,4% en 2025, por encima del nivel máximo permitido por Europa. El consenso de los analistas va más allá y considera que el agujero de las cuentas públicas en 2024 será del 3,6%.

Y esos cálculos no incluían las últimas novedades anunciadas por Pedro Sánchez en su discurso de investidura: prórroga durante al menos seis meses más de la rebaja del IVA a los alimentos, que tiene un coste semestral próximo a los 900 millones de euros, y establecimiento como permanentes de las ayudas al transporte público, que en función de su perímetro de alcance pueden costar entre 150 y 600 millones de euros, si se extienden al transporte ferroviario. Las dudas sobre España no cesan.