Los intereses dispares de Endesa, Iberdrola y Naturgy dificultan aún más mantener las nucleares

Hace unos días, los tres máximos directivos de Iberdrola, Endesa y Naturgy explicaron de forma pública sus planteamientos sobre la energía nuclear. Los dos primeros abogan por analizar el actual calendario de cierre. Asumen que se debería abordar una negociación con el Ministerio de Transición Ecológica para, al menos, iniciar un debate sobre el futuro del sistema eléctrico español. Por lo que respecta a la principal gasista española, su posición es de cumplir con todo lo que hay firmado. Su planteamiento es neutro.

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Este es el punto de partida. Pero más allá de los planes que pueda tener cada compañía, el conflicto surge en que todas deben estar de acuerdo en las decisiones que adopten. Algo que podría estar detrás de la postura de ambigüedad que tienen desde hace meses, y por lo que de momento no han tomado la iniciativa para revertir el calendario de cierre.

Las centrales nucleares están constituidas en comunidades de bienes. En concreto, la central de Almaraz tiene como dueños a Iberdrola (53%); Endesa (36%); y Naturgy (11%). Las dos plantas que operan tienen la misma composición. Por su parte, Ascó I pertenece al 100% a Endesa; mientras que Ascó II es de la propia Endesa (85%); e Iberdrola (15%). A su vez, la eléctrica que preside Ignacio Sánchez Galán tiene el 100% de Cofrentes. La otra central catalana, Vandellós II, está en manos de Endesa (72%); e Iberdrola (28%). Por último, Trillo, que además sería la última en cerrar, en 2035, está controlada por Iberdrola (49%); Naturgy (34%); EDP (15%); y Endesa (1%).

A su vez, algunas de estas centrales están gestionadas a través de una agrupación de interés económico. Es el caso de CNAT, que engloba a Almaraz y Trillo; y ANAV, que cuenta con Ascó y Vandellós. De igual modo, todas las decisiones que se tomen deben ser por unanimidad, y cualquier movimiento debe poner de acuerdo a las energéticas.

Esta situación, curiosamente, se podría haber resuelto hace años, y ahora no existiría este problema. En 2009, con Miguel Sebastián al frente del Ministerio de Industria, el Gobierno tuvo reuniones con las eléctricas para transformar el régimen jurídico. La pretensión era clarificar la estructura, la contabilidad de las centrales y generar más seguridad.

En su momento, el objetivo era que condujeran su modelo hacia el de sociedad anónima, y dejar las comunidades de bienes y las agrupaciones económicas atrás. Pero la situación no cuajó, y se ha mantenido igual hasta la fecha, momento en el que puede darse una situación crítica en el seno de las centrales.

En 2019, cuando se pactó el calendario del cierre, Iberdrola y Naturgy tenían posturas encontradas con Endesa con respecto a la amortización de las centrales y cómo impactaba eso en sus balances. Esta situación generó intensos debates, aunque finalmente se pusieron de acuerdo.

La situación ahora es distinta, las dos eléctricas parecen estar más cercanas, pero sus intereses de negocio son distintas. Iberdrola tiene una gran presencia internacional en mercado como EE.UU. y Reino Unido, donde el segmento de las redes se ha convertido en una obsesión. Al contrario, Endesa solo tiene el negocio en España, y con respecto a la energía nuclear, se trata de una fuente esencial de generación eléctrica que, además, le sirve para abastecer a su propia comercializadora cuando se firman los denominados contratos bilaterales. Y al margen de todo esto queda Naturgy, cuyas centrales de ciclo combinado de gas podrían sacar provecho, precisamente, del cierre del parque nuclear.

Con todo esto, hace unos días se han manifestado los máximos directivos de las tres empresas. El presidente de Iberdrola instó al Gobierno a que abra un proceso de diálogo sobre el calendario de cierre de las centrales nucleares ya que «el escenario de la energía ha cambiado en España y en Europa» desde el año 2019, cuando se llegó al acuerdo. Mientras, el CEO de Endesa aseguró que «estaría encantado de un Pacto de Estado» en esta materia de política energética entre todas las partes implicadas.

El reverso lo mostró el presidente de Naturgy, sostuvo que «a día de hoy no tenemos constancia de que ese calendario el ministerio lo haya modificado y, por lo tanto, nosotros como accionistas de Almaraz partimos de la base de que se va a cumplir ese calendario».

El resumen: tres intereses opuestos, tres manifestaciones en público diferentes. Un Gobierno con las ideas muy claras, y una votación por unanimidad.