El intento de Díaz para desbloquear el Estatuto del Becario tropieza al reducir la posibilidad de prácticas voluntarias

Tras la reunión celebrada en la mañana del jueves los representantes de los sindicatos señalaron la necesidad de aclarar en la redacción del texto que el gabinete dirigido por Yolanda Díaz puso encima de la mesa el punto concreto de las prácticas extracurriculares, que están siendo el caballo de batalla que ha impedido alcanzar un pacto en la materia hasta el momento.

De hecho, el Ejecutivo se vuelve a encontrar en esta ley ante la misma pinza que estuvo a punto de dar al traste con la negociación de la reforma del sistema de pensiones: cabe la posibilidad de que lo que se logre acordar con CEOE, Cepyme, CC.OO. y UGT en la mesa tripartita no sea posteriormente convalidado por el Congreso de los Diputados.

Según señalan fuentes cercanas a la negociación tras el último encuentro, el Ministerio de Trabajo habría planteado una nueva restricción sobre el uso de las prácticas extracurriculares por parte de los alumnos. Una restricción que no convence ni a los sindicatos que piden la eliminación de las mismas o al menos una pauta que garantice que no se producen fraudes en este aspecto de la formación académica. Ni tampoco convence a los empresarios que abogan por mantener la posibilidad de realizar estas prácticas de carácter voluntario, al margen del itinerario académico, y que supone una vía de entrada al mercado laboral para los más jóvenes y un soporte para las empresas para la cobertura de ciertos puestos.

De hecho, tras la reunión el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, aseguraba en un breve balance de esta última toma de contacto que además aclarar este aspecto mollar de la norma, sería conveniente que el Gobierno amarre los apoyos necesarios.

«Llevamos un año y medio negociando el Estatuto del Becario y aún no tenemos un texto claro después del que no vio la luz en el mes de octubre», apuntaba sobre el documento que las dos centrales sindicales pactaron con el Ejecutivo y que cayó en saco roto. «Queremos concreción», subrayaba, añadiendo que tras el periodo de consultas también es necesario «concretar con qué apoyos va a contar el Gobierno«.

De este modo, aunque UGT señala que en la reunión del jueves el Ministerio no ha introducido cambios en el borrador sobre el que se viene trabajando en los últimos meses, fuentes de la negociación apuntan a ABC que durante el intercambio de posturas el Gobierno habría planteado una fórmula algo más restrictiva con el objetivo de aplacar el rechazo de los sindicatos a esa propuesta que devolvía a la vida a este tipo de prácticas y que en el texto pactado con el gabinete de Yolanda Díaz en octubre llegaban a eliminarse por completo en un plazo de tres años.

En la reformulación, el texto al que ha accedido ABC, se estableció que las prácticas extracurriculares podrán aplicarse durante un periodo de tres años desde la entrada en vigor de la norma «siempre que cumplan los requisitos establecidos» y «solo hasta un máximo de 36 créditos por curso académico. Como norma general, esto se traduce un máximo de 900 horas.

En el borrador de la medida, el Gobierno diferenciaba entre las formaciones que ofrecían solo prácticas extracurriculares y las que ofrecen las dos, también las curriculares asociadas al plan de estudio del grado universitario o de formación profesional. Y se establecía el plazo para eliminar las prácticas voluntarias de tres años si son las únicas que se ofertan y de un solo año si la oferta incluye además a las curriculares.

Sin embargo, no sólo se libra en la mesa de diálogo la batalla por cuadrar un texto que aúne a las partes sino que también se ha trasladado al Congreso de los Diputados. Y también a cuenta de las prácticas extracurriculares y la primera intención de acabar con ellas en futuro cercano. Sin embargo, aquí es el sector educativo el que estaría presionando a ciertas fuerzas políticas, según ha podido saber este medio, para que no suscriban la ley con esa eliminación pretendida.

Con la mala suerte de que algunas de estas fuerzas son las llamadas a apoyar la medida y convalidar el eventual decreto ley, al ser partidos que son sostén del Gobierno de coalición. Entre estas, señalan fuentes parlamentarias, estarían PNV o ERC, que no son partidarias de cerrar esta vía de entrada a las empresas por parte del alumno. Ahora, el Gobierno trata, como ocurrió con las pensiones, de cuadrar el círculo coligando las pretensiones de patronal y sindicatos en la mesa de diálogo social y las de los partidos que apoyan al Ejecutivo en el Congreso.