Los inspectores temen que las cesiones a Cataluña para investir a Sánchez troceen la Agencia Tributaria

«Un sector político determinado demanda la creación de una administración tributaria independiente para una región concreta y una denominada cuota de solidaridad», señala el documento en referencia a las demandas puestas sobre la mesa de negociación por Junts para culminar el viejo proyecto de la Generalitat de asumir la gestión de todos los impuestos que se pagan en Cataluña y replicar un modelo fiscal asimilable al cupo vasco y el concierto navarro. «El fraccionamiento de la Agencia Tributaria supondría un paso atrás de gigante en su función principal de aplicar el sistema tributario y la conculcación de los principios tributarios fundamentales sobre los cuales se asienta el actual sistema tributario, la generalidad, la capacidad económica, la igualdad, la justicia y la eficiencia tributarias», asegura la asociación que representa al colectivo.

Noticia Relacionada

Junts y ERC dicen que España debe más de 450.000 millones de euros a Cataluña

Àlex Gubern

Los de Puigdemont y los de Junqueras proponen en el Parlamento autonómico que el Gobierno condone la deuda de la Generalitat con el Estado

La construcción de una Agencia Tributaria Catalana fuerte y capaz de asumir la gestión y la recaudación de todos los impuestos que se pagan en Cataluña ha sido una de las banderas que históricamente ha agitado el nacionalismo catalán para ampliar el radio de su autogobierno. En el año 2005, en los primeros compases de la negociación política para plantear un nuevo Estatut de Cataluña, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se avino a diseñar un convenio de colaboración para permitir a las agencias tributarias autonómicas -solo lo firmó la Agencia Tributaria Catalana- participar en la tramitación de la Declaración de la Renta, actuando como intermediaria entre los contribuyentes y la Agencia Tributaria.

Pero fue a partir de 2014 cuando la Generalitat de Cataluña, en pleno pulso ya con el Estado a cuenta del procés, apretó el acelerador y desarrolló un sistema informático capaz de soportar la gestión no solo de los impuestos propios sino también la de los impuestos estatales con el horizonte de instaurar la autonomía fiscal el día después que se declarara la independencia. En las maniobras preparatorias, el gobierno catalán obligó a todo el sector público empresarial vinculado a la Generalitat a presentar sus declaraciones de Sociedades a través de la ATC y se ofreció para hacerlo también con los contribuyentes, llegando a hacer la Declaración de la Renta a más de 20.000 catalanes, accediendo así a sus datos fiscales, el gran objetivo de toda esta maniobra.

La propuesta de Junts para reactivar este proyecto, tras el paréntesis que supuso el fiasco del procés, ha puesto en alerta a los inspectores de Hacienda. «Somos plenamente conscientes de las consecuencias que implicaría para nuestra sociedad la fragmentación de la Agencia Tributaria en la gestión y la recaudación de los impuestos», señala la Asociación de Inspectores de Hacienda en un comunicado.

Los inspectores recuerdan que la eficacia de la lucha contra el fraude fiscal dependen en gran medida de «disponer de un sistema de información tributaria unificado lo más amplio posible, que permita analizar los riesgos fiscales en los que incurre un contribuyente y su ámbito de intereses«, que el sistema necesita de una caja única para gestionar de forma centralizada las retenciones y los pagos fraccionados y que en un contexto de fragmentación se podría poner incluso en peligro el actual sistema de retenciones que hace de base para el sistema fiscal.

«Nos vemos en la obligación de denunciar los peligros que pueden conllevar decisiones políticas desacertadas que, por motivos diferentes al logro de una mejor y más eficiente administración, pueden traer como consecuencia gravísima el fraccionamiento de la misma«, concluye el documento de los inspectores.

El secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, reveló, en el acto del clausura del XXXIII Congreso Anual de Inspectores de Hacienda del Estado, que el volumen de ingresos fiscales suspendidos por recursos o reclamaciones de contribuyentes ante los tribunales se sitúa cerca de los 12.000 millones de euros, «por debajo de esa cifra por primera vez en muchos años».

Se trata de un montante equivalente a los ingresos eso sí anuales que el acuerdo entre PSOE y Sumar aspira a obtener con la prórroga de los gravámenes a la banca y las empresas energéticas, y el impuesto a los ricos, por medir su magnitud. Según el número dos del Ministerio de Hacienda esa reducción ha sido posible a la reducción de la litigiosidad, uno de los objetivos que Gascón se planteó ya desde su etapa como director general de la Agencia Tributaria, y que según las cifras que ha deslizado este viernes ha permitido bajar las reclamaciones pendientes de resolución desde las 315.000 que se registraban allá por 2018 a unas 150.000.