Los inspectores de Hacienda califican de «barbarie» el acuerdo sobre el 'cupo catalán'

Está pendiente que la militancia del partido republicano de su beneplácito al preacuerdo, y sobre todo, que se pronuncie la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero. Aun así, por lo que explicó ayer la portavoz de los republicanos, Raquel Sans, parece que ese «concierto tributario» al que se referían desde el ministerio iba más en la línea de entregar la 'llave de la caja' a la Generalitat que de compartir la gestión.

Será algo progresivo, empezando por la campaña de la declaración del impuesto de la renta (IRPF) de 2025, que ya será asumida por la Agencia Tributaria Catalana en su totalidad. Después de esto, y en un plazo que aún no se ha fijado, Cataluña asumirá el IVA, Sucesiones y todos los demás impuestos que ahora recauda la Agencia Tributaria, hasta salir completamente del régimen común.

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ABC de Sevilla

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ABC ha contactado con la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), con el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) y con la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que son las principales organizaciones que representan los intereses de los cerca de 3.800 funcionarios que la Agencia Tributaria tiene en Cataluña, y las tres coinciden en oponerse a cualquier tipo de régimen fiscal que vaya en detrimento de la solidaridad entre comunidades.

En un comunicado muy duro, la IHE ha mostrado su «rechazo frontal y absoluto» a un preacuerdo que califican como una «barbarie» que «implicará consecuencias terribles para todos los españoles y entre ellos, y de forma especial, para quienes residen en Cataluña». Para los inspectores, lo que anunció ayer ERC no es más que «un modelo de financiación a la carta» que consideran plenamente inconstitucional, pues la carta magna solo reconoce la singularidad de los regímenes de País Vasco y Navarra y contiene un artículo, el 133, que reserva la potestad tributaria al Estado.

La IHE ya venía avisando, desde hace tiempo, de que una quiebra de la unidad de la AEAT, que con esto perdería el control sobre una comunidad autónoma que representa el 19% del PIB español, sería algo así como abrir un «agujero negro» -en palabras de José María Peláez, su portavoz- que afectaría fundamentalmente a los ciudadanos que «menos recursos tienen».

Fundamentalmente, lo que ocurriría es que esta futura agencia tributaria catalana no estaría en las bases de datos internacionales en las que está la AEAT, ni tendría la obligación de compartir toda la información tributaria con el Estado, dos cosas que supondrían «un grave obstáculo para la lucha contra el fraude», explica Peláez.

El portavoz pone de ejemplo lo que ya sucede con País Vasco y Navarra, que para algunas cosas -por ejemplo, el modelo 347-, afirma, son un «agujero negro informativo» que acarrea no pocos problemas para los funcionarios del Fisco.

Luego está la inseguridad jurídica de esos cerca de 3.800 empleados públicos de la AEAT que hay en Cataluña. Según José María Peláez, los inspectores tienen la impresión de que se les viene encima un «terremoto» sobre el que no tienen ningún control. En caso de que el concierto tributario se hiciera realidad, el portavoz deduce que a sus funcionarios les propondrían integrarse en el fisco catalán, algo que considera una pesadilla a nivel técnico; en primer lugar, porque «la mayoría de inspectores no querrían quedarse en Cataluña».

Por lo que explica Gestha, con los técnicos de Hacienda pasaría algo similar; es más, según José María Mollinedo, el secretario general de este sindicato, entre sus representados las demandas de traslado ya son más altas que en las otras comunidades, y, ante el anuncio de ayer, su sentimiento general es de «irritación y preocupación».

Gestha coincide en que lo que propone ERC es inconstitucional, además de que supondría un grave problema para la lucha contra el fraude. Como explica Mollinedo, de salir adelante este acuerdo, para junio de 2026 la agencia tributaria catalana tendría que empezar a devolver el IRPF, y por el momento les falta la infraestructura. Además, sostiene Mollinedo, si el propósito de este 'fuero' catalán es ingresar menos a la caja común de lo que ingresan ahora será «pernicioso», ha dicho, para las otras comunidades autónomas.

ABC ha tratado de contactar con UGT, que por el momento no ha querido hacer declaraciones sobre este asunto. El otro sindicato mayoritario, CC.OO., tampoco a entrado a valorar los detalles del preacuerdo, aunque se ha manifestado a favor de que haya una renovación del sistema de financiación; eso sí, siempre que mantenga criterios de «corresponsabilidad, solidaridad y suficiencia», ha dicho una portavoz.

Más contundente ha sido el sindicato de funcionarios, CSIF, que ha expresado su «preocupación», han dicho en un comunicado, «por las consecuencias económicas que se deriven del acuerdo de financiación», pues ellos dicen estar a favor del «acceso a los servicios públicos en condiciones de igualdad en toda España, tanto desde el punto de vista de la atención como de la financiación». Asimismo, en boca de un portavoz han asegurado que estarán «vigilantes» ante cualquier propuesta de que sus representados se integren en una agencia tributaria catalana, para que, si sucede, se haga con el acuerdo de los sindicatos.