Por qué los inspectores de Hacienda creen que el 'cupo catalán' aumentará el fraude fiscal
La propuesta del cupo catalán para que esta comunidad pueda liquidar, gestionar e ingresar el 100% de los impuestos genera el rechazo de los expertos
Los inspectores de Hacienda tildan de «inconstitucional» el cupo catalán y avisan de que aumentaría el fraude fiscal
La «plena soberanía fiscal» que demanda Cataluña no está exenta de riesgos y daños, que los expertos fiscales ya analizan. En concreto, la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) recoge en su informe presentado este lunes las consecuencias sobre el control tributario de la posible aplicación de un cupo catalán, que implicaría que la comunidad pueda liquidar, gestionar e ingresar el 100% de los impuestos que se pagan en su territorio.
De las dificultades para controlar la deslocalización de empresas a los problemas en la lucha contra las tramas del IVA, estos son los obstáculos que más preocupan a los inspectores:
- Un sistema de información incompleto
A juicio de los inspectores de Hacienda, el sistema de información tributaria es uno de los principales activos de la AEAT y está reconocido «internacionalmente» como ejemplo de eficacia y eficiencia. La lucha contra el fraude fiscal se fundamenta, dicen, en disponer de un sistema de información tributaria unificado lo más amplio posible.
- Gestión de las retenciones afectada
La propuesta de la Generalitat podría afectar a la gestión de las retenciones –más del 80% de los ingresos de IRPF de 2022 fueron retenciones de trabajo y actividades profesionales–. Si se fraccionara, se establecerían más obligaciones a los contribuyentes y existirían dificultades para la gestión de devoluciones de contribuyentes con rendimientos en diferentes CC.AA.
- Riesgo de no controlar las actividades económicas
Los inspectores de Hacienda consideran que, para una «mínima eficacia» en la lucha contra el fraude, es preciso que una misma Administración tributaria efectúe el control de todos los tributos que giran en torno a las actividades económicas, debido a la fuerte interrelación entre las mismas (IS, IRPF, IVA). Este es uno de los aspectos recogidos por los inspectores en los perjuicios en la lucha contra el fraude fiscal.
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- Problemas en la lucha contra las tramas del IVA
Este es otro de los argumentos que los inspectores utilizan para rechazar el proyecto de Aragonès. A su juicio, la eficacia depende de disponer de forma más rápida posible de la mayor cantidad de información, con independencia del domicilio de los afectados.
- Problemas en la lucha contra el fraude organizado
Al hilo de lo anterior, explican, el fraude más «complejo y sofisticado» se extiende por territorios diversos, utilizando frecuentemente sociedades domiciliadas en distintas comunidades autónomas.
- Problemas de deslocalización de empresas
Si se fracciona la gestión de los impuestos sobre el consumo, explican los inspectores, cualquier diferencia en la gestión de estos impuestos, incluidas las actuaciones de inspección, supondría un obstáculo para la libre circulación de mercancías y un aliciente para que se produjeran situaciones de deslocalización de empresas.
- Problemas de control de las empresas multinacionales... y en la inspección de grandes patrimonios
Controlar a las empresas multinacionales sería también más complicado. En España existen 124 multinacionales que facturan más de 750 millones de euros al año. En cuanto a los grandes patrimonios, su control se hace de forma centralizada por la Unidad Central de Control de Patrimonios Relevantes, del Departamento de Inspección. Fraccionar la AEAT implicaría que el control para detectar conductas irregulares a los grandes patrimonios no se podría hacer para los contribuyentes domiciliados en Cataluña.
- Problemas en los planes de control aduanero y de contrabando
Por lo mismo, es la Agencia Tributaria, y en particular el Servicio de Vigilancia Aduanera, tiene parte de su foco puesto en la represión del narcotráfico y el contrabando de tabaco.
- Problemas en la recaudación tributaria
Los expertos insisten en que, en el ámbito de la recaudación tributaria, la cesión generaría graves problemas, porque se verían perjudicadas actuaciones relevantes que efectúa el Departamento de Recaudación, que afectan a todo el territorio nacional.
- Una plantilla de trabajadores en el aire
De los casi 26.000 trabajadores de la AEAT en España, 5.000 prestan sus servicios en Cataluña. La cesión del 100% de los impuestos supondría traspasar a todos los funcionarios a la Agencia Tributaria de Cataluña, provocando «graves perjuicios» personales y familiares.
- La Agencia Tributaria, moneda de cambio
Los inspectores piden al Gobierno que la AEAT no se convierta en «moneda de cambio»; su fraccionamiento, dicen, supondría la quiebra de la trayectoria de la Agencia desde su creación, iniciando un camino sin retorno «en sentido contrario».
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