Los inspectores de Hacienda piden un plan de control específico sobre políticos y altos cargos

El contraste se ha vuelto a hacer evidente en la trama de presuntas mordidas en contratos públicos que involucra a altos cargos y políticos cercanos al presidente del Gobierno. Mientras la audaz acción de la Inspección de Hacienda ha sido decisiva para poner en la diana las maniobras fiscales de futbolistas, artistas, empresarios o profesionales de diversas disciplinas, no se conocen apenas casos en los que esa misma acción haya servido para destapar tramas de corrupción política. Y no porque hayan sido escasas.

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En los años anteriores al estadillo de la burbuja inmobiliaria se llegaron a contabilizar alrededor de un millar de casos de corrupción política al calor del negocio del ladrillo. Por aquel entonces la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado reclamó un plan de inspección fiscal específico para políticos, alcaldes y concejales de urbanismo, al objeto de contener y prevenir esa sangría. Pues ni por esas.

La Agencia Tributaria ha seguido presentando año tras año sus planes de control tributario y los políticos, los altos cargos o los funcionarios vinculados a la concesión de contratos públicos han seguido sin aparecer entre los numerosos colectivos que han sido objeto de vigilancia especial por parte de la Inspección de Hacienda.

«La realidad es que no hay ningún órgano a nivel interno que vigile esto», recalca José María Peláez, portavoz de la asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, la plataforma que representa al 90% del colectivo.

La asociación ya reclamó hace justo una década -entonces con la trama Gürtel, los ERE y el caso Bárcenas en el foco de la actualidad- la creación de una Oficina Antifraude (ONAF), con inspectores de Hacienda, interventores del Estado, inspectores de seguros, personal del Banco de España y miembros de las unidades de investigación de la Policía Nacional y la Guardia Civil para coordinar la prevención, persecución y represión de los casos de corrupció y de delitos económicos.Siguen considerándola la única solución factible.

«A lo que hemos asistido hasta ahora es a un estrepitoso fracaso de los órganos de control del Estado en la lucha contra la corrupción», denuncia este inspector de Hacienda con cuatro décadas de experiencia en el cuerpo. «Las herramientas actuales de inspección fiscal son probablemente insuficientes para detectar casos de corrupción, por eso lo que decimos es que hay que dotar de más medios y de más atribuciones a los inspectores para acabar con la situación actual, que es de impunidad».

ABC ha pregunta a dos ex directores generales de la Agencia Tributaria, bajo compromiso de confidencialidad, por los porqués de la no inclusión de políticos y altos cargos en los planes de inspección. Ambos admiten que es un tema delicado. Argumentan que incluirlos de forma explícita en un plan de inspección podría generar cierta alarma social y, de hecho, no descartan que en momentos puntuales haya habido alguna línea de trabajo que se gestione de manera confidencial, aunque sin afirmarlo al 100%.

Desde la Agencia Tributaria dicen que los criterios de selección de contribuyentes no son públicos más allá de lo que se publica en las directrices de control y que estos «se rigen por criterios de riesgos fiscales, con independencia de la profesión de las personas», aunque es cierto que la Agencia Tributaria sí ha puesto en el punto de mira en alguna ocasión a los deportistas que compiten en todo el mundo y a algunos colectivos profesionales cuando lo han considerado oportuno.

Fuentes de nivel más político del área del Ministerio de Hacienda explican en privado que tanto los políticos como los altos cargos ya tienen una serie de obligaciones de información sobre su patrimonio, sus declaraciones de Renta y sus intereses económicos que hace que ya estén muy controlados. «Al final, son ellos los que tienen la llave para endurecer el control sobre sí mismos y es complicado. Pero si la regulación de blanqueo de capitales exige una vigilancia reforzada sobre estos perfiles, debería extenderse a otras áreas», recalca Peláez.

La Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales de 2010 acuñó el concepto de persona expuesta políticamente bajo mandato de la Comisión Europea para establecer mecanismos de vigilancia reforzada sobre las personas con responsabilidades públicas por parte de los sujetos obligados: entidades de crédito, aseguradoras, empresas gestores de fondos de inversión, etc...

No todos están de acuerdo el presidente del sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha), Carlos Cruzado, considera que un plan específico de control podría «demonizar sin razón el ejercicio de la política». En su opinión, poco puede hacer la Agencia Tributaria y se debe actuar aguas arriba, endureciendo las auditorías de control sobre el gasto de la Intervención General, de modo que no se trata solo de análisis técnicos sino forenses (que traten de detectar irregularidades o debilidades de control) y endureciendo la ley de contratos públicos.