La inseguridad jurídica daña ya la inversión empresarial en España
Los Gestores Administrativos acusan al Gobierno de atacar a los autónomos y las pymes con la legislación laboral y tributaria
El presidente Fernando Santiago agradece a Juan Roig (Mercadona) la defensa de los empleadores ante los ataques lanzados desde el Gobierno
El presidente del Consejo General de Gestores Administrativos, Fernando Santiago
El cóctel de medidas laborales y tributarias que ha impulsado el Gobierno de Pedro Sánchez en los últimos años está haciendo mella en la visión que las empresas tienen hacia nuestro país. Principalmente, porque la consecución de reformas y de medidas adoptadas que ... afectan al régimen de relaciones laborales o a los impuestos que deben abonar los empleadores que ostentan un negocio no favorecen la flexibilidad de la contratación o no alivian las cargas que pesan sobre unos negocios que aún hacen balance de daños de los tres últimos años, con una pandemia y una crisis de precios que está estrangulando los márgenes de las compañías.
Estas fueron las principales conclusiones extraídas del I Congreso Nacional del Colegio de Gestores Administrativos de Madrid celebrado ayer con motivo de los 90 años de la profesión en el que se pusieron encima de la mesa las principales preocupaciones de pymes y autónomos ante un año en el que se espera que la desaceleración económica dañe el tejido productivo. Y en el que la inseguridad jurídica generada por algunas de las últimas decisiones del Gobierno puedan agravar la desaceleración económica.
Aunque el principal motivo de preocupación de cientos de miles de empleadores en España está en las constantes modificaciones del marco normativo y la incertidumbre de no saber las obligaciones a las que deberán hacer frente en los próximos meses. «El marco jurídico fiscal requiere mejoras», advertía el presidente del Consejo General de Gestores Administrativos, ICOGAM-AEGGA, Fernando Santiago, durante la inauguración del Congreso.
«Es una obligación moral. Existe una maraña administrativa en la que están atrapados emprendedores, autónomos y pymes», explicaba Fernando Santiago asegurando que España se está convirtiendo en un país imposible para las pymes y en el que se expulsa a los autónomos, «que no levantan cabeza».
«Creemos que en este momento se está expulsando a los emprendedores con el marco fiscal y la 'burrocracia'», ironizaba sobre el problema de la elevada carga burocrática que afrontan empresarios y autónomo, y aquellos que quieren iniciar un negocio.
En este punto, el máximo representante de los gestores administrativos ensalzó la figura del presidente de Mercadona, Juan Roig, víctima de los recientes ataques del ala morada del Gobierno que acusan al empresario de ser un «capitalista despiadado» y beneficiarse del encarecimiento de las materias primas. «Muchas gracias por la valentía y por defender a los empresarios españoles», señaló.
Pérdida de atractivo
Sobre el aspecto de la inseguridad jurídica ahondó también durante el Congreso el catedrático de Economía Aplicada, Juan Iranzo, asegurando que «se está incrementando la inseguridad jurídica y se está poniendo en riesgo el estado de derecho». Advierte en este sentido que esta circunstancia ya es asumida en el entorno global y que la inversión extranjera está empezando a replegar. «No somos atractivos desde el punto de vista fiscal y no atraemos inversiones», señalaba.
También se sumó Iranzo a la defensa a ultranza del colectivo de los empresarios ante asegurando que «se está demonizando al empresario» y que estos no son culpables de la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores.