Las dispares recetas de los partidos para abaratar la vivienda

El PP y Cs consideran que la clave está en reforzar el derecho de propiedad y la iniciativa privada, para dar seguridad al arrendador y animar a los promotores; el PSOE apuesta por «movilizar» suelo público y subvencionar directamente a los jóvenes que alquilen -pagándoles una renta básica de emancipación-; Podemos habla abiertamente de limitar el derecho de propiedad y permitir al Estado intervenir en el parque inmobiliario privado; y Vox sugiere su particular «cóctel» de propuestas que van desde el fomento de las viviendas compartidas a limitar los desahucios bancarios, pasando por el fomento de las residencias de estudiantes o regular fórmulas de alquiler en pisos compartidos y con precios máximos fijados por la Administración.

Los socialistas prometen fomentar «la promoción y el uso de vivienda de alquiler social» mediante promociones públicas en las que pueda participar también la iniciativa privada. Todo ello «movilizando suelo público» e implicando inversión estatal a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y la empresa pública Sepes. Además de apostar por la construcción de viviendas públicas protegidas, con más pisos de alquiler social a precios tasados por la Administración, el PSOE también promete incentivar la rehabilitación de viviendas para aumentar la oferta inmobiliaria y, de esa forma, contener la escalada de precios. Al mismo tiempo, los socialistas aseguran que reestablecerán la «renta básica de emancipación», una paga pública para «jóvenes con bajos recursos» que se emancipen y alquilen una vivienda.

Asimismo, proponen «impulsar la rehabilitación de vivienda rural y su uso para nuevos pobladores»,para luchar contra el desierto demográfico.

El PP está convencido de que la mejor fórmula para contener el precio de la vivienda es actuar por el lado de la oferta, fomentando la iniciativa privada en la promoción de viviendas y dando más seguridad a los propietarios. Para esto último, los populares prometen «el desarrollo de seguros de arrendamiento que cubran el impago de los alquileres y los daños que pueda causar el inquilino, especialmente para facilitar el alquiler de los jóvenes». Además, aseguran que aumentarán la deducción fiscal a los arrendadores cuyos pisos sean alquilados para servir de vivienda habitual, «especialmente cuando los arrendatarios sean jóvenes o mayores de 65 años con ingresos bajos».

También dicen que implantarán «sistemas de arbitraje para resolver, de manera rápida y poco costosa, conflictos entre arrendadores y arrendatarios». «Flexibilizar las operaciones de regeneración urbana» para «facilitar ajustes de edificabilidad y de usos del suelo», fomentar la rehabilitación y reducir la burocracia a la hora de obtener licencias de obra son otras de las medidas que incluye el programa del PP. Además, apuestan por «impulsar la oferta de vivienda de nueva construcción para alquiler asequible, favoreciendo fórmulas de cooperación público-privada que mantengan la propiedad pública del suelo». Y especifican que estas viviendas «irán destinadas prioritariamente a familias con hijos».

Ciudadanos también propone favorecer la iniciativa privada y dar seguridad a los arrendadores para abaratar el mercado inmobiliario, en vez de «modelos fracasados como los controles de precios que proponen PSOE y Podemos». Las recetas de Cs incluyen la aprobación de una ley nacional de vivienda dirigida, entre otras cosas, a «eliminar trabas y simplificar trámites administrativos en la planificación municipal y en los proyectos de rehabilitación y construcción de viviendas». Al mismo tiempo, prometen «viviendas dotacionales» que aseguren un «servicio de alquiler temporal» a personas con severas dificultades económicas que les impidan acceder al mercado inmobiliario. Dicen que potenciarán «la rehabilitación y la colaboración público-privada en la provisión de viviendas sociales» y apuestan, además, por revisar la normativa para «reforzar la seguridad social» de los arrendadores y, así, «dinamizar el mercado del alquiler». Asimismo, prometen aumentar los incentivos fiscales «para los particulares y entidades dedicadas al arrendamiento de vivienda en régimen protegido», y conseguir un sistema de arbitraje «sencillo, rápido y gratuito» para resolver los conflictos entre propietarios e inquilinos.

Por su parte, el partido de Pablo Iglesias habla abiertamente de intervenir el mercado inmobiliario, limitar el derecho de propiedad regulando los precios e incluso obligando a los propietarios de más de 10 viviendas a ponerlas en alquiler a importe tasado. Entre otras medidas, Podemos promete «crear un gran parque de alquiler público» a «precio asequible», «luchar contra la especulación», «intervenir el mercado del alquiler para impedir subidas abusivas mediante el control de precios», « garantizar un alquiler estable y seguro para personas inquilinas y pequeñas propietarias», «prohibir los desalojos sin alternativa habitacional», rehabilitar «al menos» 500.000 viviendas al año «para promover la eficiencia energética y la reducción de la factura de la luz», y «poner coto a la excesiva proliferación de pisos turísticos».

Entre las recetas de Vox para facilitar el acceso a la vivienda se incluye la fórmula de los alquileres compartidos. Así, plantea «convenios de viviendas en alquiler» para que «personas jubiladas puedan acoger a jóvenes que busquen independizarse». Según la idea de Vox, los jóvenes pagarían «una contraprestación dineraria ajustada a los precios correspondientes a un alquiler social que en cada momento determine la Administración». Dicen que eso daría ingresos extra a los jubilados para complementar su pensión y reduciría los problemas de soledad y de cuidado de los mayores.

Entre sus propuestas en materia inmobiliaria, el partido de Santiago Abascal también incluye el fomento de las «residencias de estudiantes a precios asequibles», promover viviendas en alquiler y protegidas para jóvenes, e implantar un tipo de IVA superreducido (4%) para todas las obras de reforma o rehabilitación de vivienda. Asimismo, promete establecer medidas para que los bancos, «antes de iniciar procesos de desahucio, planteen alternativas a las personas sin recursos para que puedan seguir contando con una vivienda».